Una nueva polémica afronta el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, a quien María del Pilar Rodríguez, que laboró en la Secretaría de Inclusión Social, señala de querer beneficiarse con un porcentaje del salario de los trabajadores. Denunció que, en casos como el de ella, quienes se negaron a entregar el 10 % de sus ingresos fueron perseguidos laboralmente.

El abogado de la mujer dejó claro, a su vez, que Quintero no participó en una reunión en la que supuestamente a los funcionarios les pedían dinero en calidad de donación para una fundación que apoyaba económicamente el movimiento político del alcalde, pero sí enfatiza en que el secretario de Inclusión Juan Pablo Ramírez y otros tres funcionarios de este despacho, quienes al parecer solicitaban tal porcentaje, sí dejaban claro que el beneficio lo recibiría Quintero.

La denuncia que está siendo evaluada por la Fiscalía 151 de Medellín revisa cuidadosamente si en realidad se presentó tal situación, que —según los denunciantes— llevaría a los funcionarios de la Alcaldía a ser juzgados por conductas como: cohecho propio e impropio, perturbación psíquica, concusión, hostigamiento por motivos de ideología política, constreñimiento ilegal, entre otros.

La reunión en la que supuestamente les hacían la solicitud del aporte de sus ingresos a Rodríguez y otros empleados se realizó un domingo y, de acuerdo con la denuncia, luego de que ella se negara a dar la plata empezó a vivir un ambiente laborar insostenible, pues sentía acosos constantes con el interés —según ella— de hacerla renunciar a su cargo, aun cuando presentaba problemas de salud.

En el relato entregado a las autoridades, la presunta víctima describe que buscó ayuda del Ministerio Público, como la Personería, pero esta nunca le prestó atención a su caso, razón por la cual decidió radicar la denuncia en Bogotá, tras lo que fue remitida a Antioquia.

La puja se recrudece

Cabe recordar que el alcalde Daniel Quintero está en medio de un proceso de revocatoria. El pulso sobre la materia tiene a los antioqueños de la capital pendientes de cada paso, un camino que ha estado bastante reñido, al menos en el entorno digital. La puja entre quienes quieren que se vaya y los que no sigue y se recrudece; actualmente, es uno de los temas más mediáticos del país.

También cada vez el proceso muestra nuevos matices. De hecho, el alcalde radicó la segunda semana de enero de 2021 una tutela ante el Tribunal Administrativo Oral de Medellín en contra de la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral (CNE), con el fin que se revise el debido proceso de la revocatoria en su contra.

En ese sentido, la tutela de Quintero pide que un juez decida si se cumplió o no el debido proceso en la revisión de las firmas del comité de revocatoria. Este fue llevado a cabo por la Registraduría, entidad que en su momento aseguró que las firmas eran válidas.

Si se llega a determinar que se violó el debido proceso, la Registraduría deberá entregar las planillas originales y definir un nuevo plazo para que se vuelvan a verificar las firmas. La tutela le cae también al CNE debido a que esa entidad debe manifestar el origen y uso de los recursos del comité de la revocatoria, tema sobre el que se están solicitando documentos para que el equipo del alcalde revise las cuentas.

En ese sentido, se debería resolver primero la tutela para que la revocatoria pueda seguir su curso.