El 28 de febrero fue citado el comisionado de paz, Danilo Rojas, para que le explique a la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal de Paz el plan de acción del Gobierno sobre el desmantelamiento efectivo de las organizaciones armadas ilegales, la prevención y protección en seguridad de los comparecientes, su implementación y el desarrollo de las medidas de reparación, las garantías de no repetición y la construcción de la paz.
En la audiencia pública de seguimiento y verificación de las medidas cautelares de protección a comparecientes forzosos ante la Jurisdicción el Comisionado de Paz, como Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), tendrá que presentar ante la JEP el plan de acción y la política pública que apunten al desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales que se han incrementado en los últimos meses en distintos territorios del país.
La decisión se tomó luego que el pasado 16 de enero se venciera un nuevo plazo otorgado para que el Alto Comisionado Rueda presentara dicho plan y la política pública, que reduzcan el impacto de la violencia y particularmente la muerte de excombatientes. Según la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), a la fecha se han presentado 348 homicidios de excombatientes de las Farc-EP.
De igual manera, la Sección determinó la urgencia de tener esta política pública, para enfrentar el aumento y la expansión de las violencias por parte de nuevos grupos armados entre 2021 y 2022.
La Sección señala además que el desarrollo de la política pública que se le pidió al Gobierno se requiere de forma inmediata para alcanzar justicia y desestructurar las organizaciones. Además, esa política constituye un marco de referencia para frenar las violencias, garantizar los derechos a las víctimas, erradicar la impunidad y avanzar en las garantías de no repetición.
A la audiencia también están citados una representante permanente por de la plataforma de mujeres, un representante de los grupos étnicos, un delegado para las plataformas de derechos humanos y una procuradora delegada para el seguimiento del Acuerdo Final de Paz firmado en el 2016.