El pasado viernes, en horas de la madrugada, y en una diligencia judicial, dos agentes de la Dijin de Bogotá aprovecharon para copiar “de forma ilegal” una de las bases de datos más custodiadas y reservadas de la Registraduría: el Censo Electoral. Dicho Censo fue definido por la Corte Constitucional (en Sentencia C – 1121 del 2004) como “una base de datos donde se incluyen los ciudadanos colombianos, residentes en el país o en el exterior, que pueden válidamente sufragar en un determinado certamen democrático que le permite al Estado controlar, planear, organizar y desarrollar no sólo los certámenes electorales, sino igualmente los mecanismos de participación”. Esta base de datos, según informó la Registraduría, contiene desde los datos biográficos y hasta “minucias dactiloscópicas” de los ciudadanos con derechos políticos. Actualmente en Colombia son algo más de 31 millones de ciudadanos los que hacen parte del censo electoral, lo que significa que la Dijin tiene información de este número de ciudadanos. Para el director del Censo Electoral, Anthony Cotrino Sossa, este episodio “pone en grave riesgo todos los procesos democráticos del país, pues esto obliga a que tomemos medidas, rehacer procesos, verificar información (…). La gravedad de los hechos está siendo evaluada por el alto impacto de la información que fue sustraída de forma ilegal”. Cotrino se vio obligado a denunciar ante la Fiscalía a los agentes de la Dijin que el pasado viernes, aprovechando una diligencia judicial, hicieron la copia ilegal de la información privilegiada que reposa en la Registraduría. Los agentes Luis Ariel Vargas y Jeffer Ricardo Ruiz se presentaron a la Registraduría el jueves 9 de agosto para iniciar el proceso de elaboración de imágenes forenses de la información reservada, en cumplimiento de una orden del fiscal 48 de Cali, Armando Rodríguez Cortázar, quien adelanta la investigación por presuntas irregularidades en las pasadas elecciones atípicas de gobernador del Valle del Cauca. Sin embargo, a la 1 de la mañana del viernes 10 de agosto, según relató Tapia, los funcionarios de la Dijin no se limitaron a la toma de las imágenes sino que trasladaron los dos discos duros de uno de los equipos de cómputo de la Registraduría al centro Cibernético Policial, circunstancia que no estaba en la orden del Fiscal. Los mencionados agentes de la Dijin se llevaron de forma ilegal los dos discos duros de la Registraduría y sólo los devolvieron el lunes 13 de agosto. En esos dos discos duros, según informó el director de Censo Electoral de la Registraduría, estaba consignada la siguiente información: - Datos biográficos de los ciudadanos que han participado en la recientes elecciones atípicas (Valle del Cauca). - El registro de votantes que contiene las impresiones dactilares de los votantes. - Datos de residencia de los ciudadanos que efectuaron su inscripción al Censo Electoral. - Archivos con la información de los miembros activos de las Fuerzas Armadas y la Policía. - Minucias de la impresiones dactilares utilizadas para efectuar el proceso de biometría en las elecciones. - Archivos de impresión del prescenso que será enviado para revisión de los registradures para las consultas internas de los partidos políoticos del próximo 30 de septiembre. Uno de los partidos políticos que harán dicha consulta es el Polo Democrático, partido de oposición al Gobierno y que ya ha sido blanco de seguimientos ilegales en épocas anteriores, como quedó demostrado con el escándalo de las chuzadas del desparecido DAS. El director del censo Electoral le informó al fiscal general, Eduardo Montealegre, que la Registraduría advierte con preocupación que los agentes de la Dijin se apropiaron de los “sensibles datos sin que hoy se tenga conocimiento de dónde se encuentran, cuántas copias han sacado y el objetivo de la sustracción de esa información”.