Si el pasaje bíblico de David y Goliat tuviera una representación moderna, el escenario podría ser el pequeño municipio de Piedras en Tolima. Allí, este domingo 28 de julio tiene lugar un duelo bastante particular. Los piedrunos, en su mayoría campesinos agricultores, van a salir a votar para sacar a la AngloGold Ashanti de su pueblo. No quieren que la gigante minera sudafricana, una de las principales productoras de oro en el planeta, desarrolle La Colosa, el yacimiento más grande de ese metal precioso hallado en los últimos diez años en el mundo. Por eso, proponen dejar ese tesoro –que se calcula en 12 millones de onzas– por ahora bajo tierra. Y aunque la votación no tiene efectos jurídicos claros, su resultado puede no solo volver inviable La Colosa sino afectar proyectos mineros en todo el país. El mayor orgullo de Piedras es su agua. En su página web, el municipio se promociona con las bellezas del río Opia: “Un lugar en el que parece como si la naturaleza se hubiera ensañado para dejar más de 200 piscinas naturales”. Los piedrunos temen perder esa riqueza. Aunque no ha comenzado, el proyecto de La Colosa ha generado un gran debate alrededor del impacto que este puede producir en las fuentes hídricas de la región, que vive principalmente del cultivo del arroz. El domingo 28 de julio, los 5.105 habitantes de Piedras habilitados para votar podrán decir sí o no a la siguiente pregunta: ¿“Está de acuerdo que se realicen en nuestra jurisdicción actividades (?) de explotación minera aurífera a gran escala y el empleo de materiales nocivos para la salud y el medio ambiente, de manera específica el cianuro (?) y de que se utilicen las aguas de nuestro municipio (?)?”. La empresa demandó la pregunta pues consideraba que conducía a una respuesta negativa, pero el Tribunal Administrativo del Tolima negó esa petición y avaló la consulta. Para decirle no a La Colosa se necesita que salgan a las urnas más de 1.702 personas (la tercera parte del censo electoral) y que más de la mitad de los votos sean negativos. El gran interrogante, sin embargo, es qué efectos puede tener el resultado. La negativa de Piedras no necesariamente pararía el proyecto, pues ese municipio no es el eje de la operación (la mayoría de títulos mineros está en Cajamarca), sino el lugar donde se pondría un tanque para tratar el lodo resultante del proceso minero. A eso se le suma que ningún pueblo es dueño de lo que hay bajo su tierra. Como el subsuelo le pertenece a la Nación, el único que puede decidir sobre este es el gobierno nacional. Por eso lo que se juega en Piedras es más que el futuro de la minería en un municipio. En últimas lo que está en discusión es la posibilidad de que una comunidad pueda decidir sobre los proyectos mineros que se desarrollarían en su territorio. Ese debate no es de poca monta. El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, anunció desde el comienzo de su mandato que quería prohibir la minería en la capital, en donde tienen grandes operaciones Cemex y Holcim, las dos principales cementeras del país. El Ministerio de Minas y Energía expidió recientemente unos decretos que impiden que las ciudades y municipios prohíban la minería. Petro los demandó y hoy esa pelea está en el Consejo de Estado. Toda esta discusión se da cuando la minería agita profundos movimientos sociales. El reciente paro minero da buena cuenta de que las decisiones sobre esta locomotora no son solamente de nivel del gobierno nacional (como dice la ley), sino que tocan las fibras de las comunidades en medio país. La consulta de Piedras podría, en ese sentido, ser un precedente muy importante del poder que estas tienen en la definición del uso de su territorio.