El propósito fundamental de la reclusión en una cárcel es lograr la resocialización del privado de la libertad. Si bien en algunos escenarios esa posibilidad parece una falacia por las cifras de hacinamiento y la corrupción, en otros espacios como La Picota, en Bogotá, la resocialización se proyecta como una alternativa cada vez más frecuente.
Parte de esos programas de resocialización incluyen también a funcionarios públicos que infortunadamente terminaron en líos con la justicia, condenados y privados de la libertad. Aparecen ejemplos como detenidos en la cárcel. Las alternativas están sobre la mesa y los privados son quienes deben dar el primer paso.
“Cabe resaltar que para poder ser parte de este grupo de trabajadores, los internos deben estar en calificación de mediana seguridad, es decir, que su condena no supere 30 años de privación de la libertad, así mismo, uno de los requisitos más importantes es no tener informe por mala conducta”, explicó el Inpec.
Un caso sobresaliente de funcionarios públicos que ahora hacen parte de esos procesos de resocialización está en la experiencia de Abelardo Rodríguez Salamanca, un exconcejal de Pacho, Cundinamarca, que terminó condenado por secuestro extorsivo agravado y lleva ocho años en la cárcel La Picota.
Salamanca no solo reconoció los hechos que ahora lo tienen privado de la libertad, sino que entendió que mientras paga su condena puede avanzar en procesos de resocialización, que en su caso se hacen efectivos a través de talleres de madera con profesores e instructores que lleva el Inpec.
“Este hombre asegura que estando en el taller de maderas se siente libre pues,, según él, su oficio político no era el único que practicaba, antes de caer en prisión trabajaba soldando hierro, oficio que llevaba ejerciendo por aproximadamente 35 años”, explicó el Inpec.
Fue justamente la experiencia que tenía el exconcejal, antes de convertirse en funcionario público, la que ahora se convierte en herramienta fundamental para participar, incluso, como instructor de otras personas privadas de la libertad que apenas arrancan en este oficio.
“Con el trabajo de todos los reclusos que son parte de este proceso, diariamente se producen artesanías tales como barriles decorativos, fruteros, centros de mesa, atriles, joyeros, muebles entre otras cosas, productos que son comercializados a través de sus familiares y amigos”, insiste el Inpec.
El exconcejal, con una condena a 26 años de prisión, es el primero en advertir cómo los proyectos y programas de resocialización, aun con lo que él mismo protagoniza desde la cárcel La Picota, se convierten en una alternativa para que las personas detenidas regresen a la sociedad.
“Este es un proceso que empieza por ser voluntario, con lo que aquí aprendemos se puede pensar en un proyecto de vida al momento de reintegrarnos a la sociedad” concluye Rodríguez Salamanca.
Los procesos de resocialización en la cárcel no tienen distinción más allá del monto de la pena del condenado, que no supere los 30 años de prisión. En adelante, solo se exige tener la intención e iniciativa de aprovechar el tiempo en la cárcel, mientras le apuestan a un futuro tras las rejas y con una profesión aprendida.