En las últimas semanas surgió la propuesta de modificar el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec). Esto después de una serie de escándalos, que comenzaron con la fiesta de fin de año con whisky del exgobernador de La Guajira Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar, siguieron con los permisos irregulares que recibió el empresario Carlos Mattos hasta llegar a la fuga del temido narcotraficante Juan Larinson Castro Estupiñán, alias Matamba.
En todos estos casos se presentó un factor común: la colaboración de funcionarios del Inpec. En el caso de Kiko Gómez, permitieron el ingreso del licor; a Mattos lo trasladaban a su oficina privada en las camionetas del Instituto y hasta el cargaban los paquetes, mientras que a Matamba le dejaron la puerta abierta del patio y le prestaron un uniforme para que se camuflara y saliera sin problema alguno.
A estos alarmantes casos se le suma la falta de control sobre aquellas personas que están privadas de su libertad en sus domicilios. Y es que tras hacer una inspección, se pudo constatar que muchos de ellos están evadiendo la medida o simplemente no aparecen.
Este miércoles 6 de abril, el director del Inpec, el general Tito Yesid Castellanos, reveló una dramática estadística: en lo corrido del año se han fugado 363 personas que estaban cobijadas con detención domiciliaria. Según las cifras oficiales, 74 mil reclusos tienen este beneficio en todo el país.
“Los hombres y mujeres del Inpec estamos buscando un fortalecimiento en la transformación integral de Instituto para beneficio de todos los colombianos. Son 363 que no hemos encontrado y hemos solicitado la revocatoria de la medida de aseguramiento ante los jueces de control de garantías o que lleven el proceso”, detalló el general Castellanos.
El oficial explicó que muchas de estas personas evaden la detención, saliendo sin tener un permiso para ello o evadiendo las restricciones de movilidad que le impusieron los jueces de control de garantías. “Vamos a verificar, una vez tengamos la medida, irlos a buscar. Probablemente aparezcan”.
El director del Inpec señaló que solamente después de las 48 horas se puede hablar de fuga, antes de este tiempo se le da el término de “evasión”. Las autoridades ya tienen identificados a los detenidos cuyo paradero es desconocido hasta la fecha.
El caso más reciente es el de Mónica Patricia Mulett Alfaro, conocida como Wendy, quien se encontraba cumpliendo una detención domiciliaria en el municipio de Soledad (Atlántico). Tras varias inspecciones las autoridades penitenciarias señalaron que no había sido posible ubicarla.
Debido a esto se pidió emitir una orden de captura en su contra. La mujer enfrenta un proceso por los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas. En su contra existen varios señalamientos de liderar una banda dedicada a la venta de drogas, armas y emitir órdenes para asesinar a tres integrantes de una misma familia.
Fueron realizadas “varias revistas de inspección al domicilio y no ha sido encontrada cumpliendo la medida impuesta”, señala el informe enviado por el Inpec al director encargado de media seguridad de Barranquilla, el capitán Jaider Ospina Carrillo, citando la dirección registrada de ‘Wady’ en el municipio de Soledad. Debido a esto se presentó una denuncia por el delito de fuga de presos.