Un juez penal de conocimiento de Bogotá revocó una decisión de primera instancia que había dejado en libertad a cinco presuntos integrantes de una red de apoyo de las disidencias de las Farc, quienes al parecer reclutaban jóvenes para realizar actos vandálicos, entre otras actividades ilícitas ocurridas entre 2018 y 2019.
Por lo tanto, estas cinco personas deberán volver a un centro carcelario para cumplir la medida de aseguramiento que sigue vigente en su contra.
De acuerdo con las pruebas con las que cuenta la Fiscalía, estas personas habrían tenido relación con estructuras disidentes de los frentes primero, séptimo y décimo de las desmovilizadas Farc.
“Por instrucción de los cabecillas de estas organizaciones, al parecer, se relacionaban con universitarios y distintas agrupaciones para infiltrar movilizaciones y promover cierre de vías, obstrucción del transporte público, enfrentamientos con la fuerza pública y ataques a los bienes públicos”, indicó la Fiscalía.
La Fiscalía también estableció que estas personas también estarían involucrados en el trasladado de jóvenes a los campamentos de alias Jerónimo en Arauca y de Gentil Duarte en Guaviare para darles instrucción en armas, explosivos y otros aspectos, o convertirlos en emisarios o ‘correos humanos’ para llevar los mensajes a diferentes estructuras o a las cárceles.
“En la investigación se conoció que esta red de apoyo, al aparecer, obtenía parte de los recursos para su sostenimiento de la comercialización de estupefacientes en entornos universitarios (...) El proceso contra estas personas avanza en etapa de juicio por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo, tráfico de estupefacientes y tráfico de armas, entre otras conductas”, agregó el ente acusador.
De acuerdo con la Fiscalía, estas cinco personas son:
- Jaime Hernando Olarte Torres, alias La Abuela, señalado enviado de ‘Gentil Duarte’.
- Víctor Hugo Ruiz Herrera, presunto encargado de la compra y venta de insumos para la elaboración de explosivos.
- Yeison Manyiver Franco Sánchez, quien habría sido escolta de alias Loco Iván, y estaría involucrado con el traslado de jóvenes a los campamentos de la organización criminal en Arauca y al ataque con bombas molotov a la sede de una emisora radial en Bogotá, en noviembre de 2018.
- David Revelo Gutiérrez, posible nexo con los encargados de proveer los insumos químicos y artefactos.
- Yeiner Avendaño Bohórquez, supuesto correo humano de Gentil Duarte.
Dura advertencia de la Defensoría ante posible reclutamiento de niños en Arauca
Una fuerte advertencia hizo el defensor del pueblo, Carlos Camargo Asís, en la que aseguró que la Columna Móvil Dagoberto Ramos, de las disidencias de las Farc, se ha consolidado con fuerza en Cauca, convirtiendo a Toribío en el centro de operaciones militares y financieras de esta estructura armada ilegal.
De los señalamientos graves que hizo Camargo está el hecho de que la organización ilegal estaría concentrando niños, niñas y adolescentes, reclutados de manera forzada en los municipios ubicados en el norte del Cauca. Una vez están bajo su mando, son llevados a Toribío, en donde reciben un breve entrenamiento, y luego a los menores los distribuyen para ser incorporados en las diferentes subestructuras del Comando Coordinador de Occidente, a la cual se encuentra adscrita esta Columna Móvil.
El defensor del Pueblo, en la alerta temprana 005 de 2023, aseguró que hay un riesgo alto para los 37.000 habitantes del municipio caucano, en el que el 96 % de la población es indígena, del pueblo Nasa en los resguardos de Tacueyó, Toribío y San Francisco. Explica Carlos Camargo que todos los grupos ilegales tienen intimidadas a las comunidades, pues son víctimas de las amenazas generadas por la presencia permanente de la Columna Móvil, Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc; de la intermitencia y tránsito del ELN y de la Segunda Marquetalia, además de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC - Clan del Golfo) que, aunque no tienen presencia física, sí ejercen presión en la zona.
“Si bien las personas no están confinadas, el desarrollo de la vida comunitaria y social está no solo paralizado, sino sujeto a la voluntad de los grupos armados, ya que vienen imponiendo múltiples normas so pena de muerte para quien las incumpla. Por ejemplo, a los establecimientos públicos se les prohíbe vender bebidas alcohólicas en días de semana, no se les permite el parqueo de motocicletas frente a los locales y se les establece una hora de cierre, entre otras restricciones”, agregó el defensor.