Cerca de 47.000 servidores públicos, pensionados y contratistas del Estado sufrieron este mes, en el bolsillo, los estragos del coronavirus. Desde mayo, los salarios superiores a 10 millones de pesos fueron castigados con el impuesto solidario, que descuenta entre 1,5 millones y 7 millones de pesos, según el sueldo, con destino al Fondo de Mitigación de Emergencias, que atiende las necesidades por la pandemia. El Ministerio de Hacienda espera recaudar por esta vía 287.000 millones con el fin de ayudar a la clase media vulnerable y a los trabajadores informales.
El tributo, que contempla tres golpes en mayo, junio y julio, generó polémica para quienes ven amenazado su mínimo vital con el cobro y creó cuestionables diferencias entre servidores públicos y privados que tendrá que revisar la Corte Constitucional. El decreto que creó el gravamen dejó abierta una ventana de fuga para uno de los sectores con más altos salarios y un profundo malestar por la asimetría. Tiene que ver con que no pagarán el impuesto solidario los miembros de juntas directivas de empresas de economía mixta como, por ejemplo, Ecopetrol, ISA o Colombia Telecomunicaciones. Estos ejecutivos no quedaron con una exclusión específica en el Decreto 568 de 2020, pero tampoco figuran expresamente gravados. La batalla jurídica ya empezó.
El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aspira recaudar 287.000 millones de pesos con el impuesto solidario. El magistrado Carlos Bernal tiene el estudio del Decreto 568 de 2020. Las intervenciones ciudadanas ya superan las 300.
SEMANA conoció un concepto enviado por la Dian a la vicepresidenta jurídica de ISA, Sonia Abuchar. Allí indica que los miembros de juntas directivas no están vinculados mediante contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión pública, ni tampoco sometidos al régimen de contratación directa. Además, señala que no los escogen ni nombran con las mismas reglas de los funcionarios. En consecuencia, no pueden quedar gravados con el impuesto, aunque sus honorarios sobrepasen los 10 millones de pesos. Muy pronto algún interviniente aportará a la discusión constitucional de los magistrados el concepto de la Dian. El tema de las juntas directivas generó interrogantes y no solo por estar exentos del pago del impuesto solidario. Esta semana el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, les dio otra buena noticia. Con el fin de promover el uso de la tecnología y fomentar las reuniones no presenciales de las juntas directivas y consejos directivos, decidió igualar los honorarios para reuniones presenciales y virtuales. El caramelo está en que antes las reuniones de junta directiva no presenciales solo pagaban la mitad. Cada empresa deberá ajustar el tema según sus reglas.
También quedaron exentos los miembros de la Fuerza Pública y los médicos que presten servicios de salud a pacientes con coronavirus. En estos dos últimos casos el favorecimiento es justificable. La secretaria jurídica de la Casa de Nariño, Clara María González, envió un concepto a la Corte Constitucional en el que asegura que enfrentar la pandemia implica riesgos adicionales y nuevas cargas para policías y militares. Esto, sumado a la obligación de estar tiempo completo disponibles, sin horas extras, recargos nocturnos u otras bonificaciones, llevó al Gobierno a no gravar a los miembros de la Fuerza Pública.
Un criterio similar aplica para los médicos que atienden pacientes con coronavirus. El Gobierno considera que excluirlos permite balancear los aportes y los riesgos asumidos. Efectivamente, es entendible que a médicos y militares no les afecte la contribución, pues esos dos sectores, literalmente, le ponen el pecho al coronavirus. Desde el día cero han aportado mucho más que lo que devengan. Lo más probable es que los magistrados, unánimemente, mantengan la excepción para estos dos grupos. Pero habrá una fuerte discusión sobre los otros favorecidos. La Presidencia de la República considera que todos aquellos pensionados que sumen más de dos mesadas superiores a los 10 millones de pesos tendrán que ser gravados. Y los magistrados apenas comienzan a advertir la exención a las juntas directivas, una nueva pata que le sale a la medida. Sin duda el punto más álgido del debate tendrá que ver con haber dejado por fuera del impuesto a los empleados privados. El Gobierno explicó que tomó esta decisión con un criterio de proporcionalidad, teniendo en cuenta la mayor estabilidad en el empleo público frente a los golpes de la pandemia en el privado. Según el Dane, en marzo de 2020 la tasa de desempleo subió al 12,6 por ciento, un incremento de 8 puntos porcentuales con respecto al año anterior. Solo la categoría de empleados del Gobierno tuvo una variación positiva durante el primer trimestre del año.
Pero por encima de lo que diga el Gobierno, el inconformismo se manifiesta en el abultado expediente que va en aumento en el despacho del magistrado Carlos Bernal. Allí se acumulan más de 300 intervenciones ciudadanas, algunas a nombre de asociaciones que agremian a jueces, fiscales, pensionados de diferentes sectores. Los inconformes piden tumbar la medida por inconstitucional. Mientras el decreto avanza en su estudio jurídico, juzgados en diferentes puntos del país han suspendido, por la vía de tutela, el cobro del impuesto en casos puntuales en los que se ha demostrado que afecta el mínimo vital. Es decir, cuando el salario después del cobro del impuesto no alcanza para suplir siquiera las necesidades básicas de alimentación, vivienda y salud. El decreto presidencial establece que los salarios entre 10 y 12,5 millones de pesos deben pagar un impuesto solidario del 1,5 por ciento; entre 15 y 20 millones, el 16 por ciento, y superiores a 20 millones de pesos, el 17 por ciento. En las cuentas de Hacienda, el grueso de los aportes los pondrán quienes están en la parte baja de esa pirámide, es decir, salarios entre 10 y 12,5 millones: 26.814 contribuyentes que pagarán 115.200 millones. También calculan que 3.579 servidores públicos con salarios superiores a 20 millones, entre ellos congresistas y magistrados, pondrán 51.000 millones de pesos. El debate en la Corte arrancó con el impedimento no aceptado de los nueve magistrados, a quienes ya les hicieron su primer cobro. Todavía no hay ponencia del magistrado Bernal, el ambiente no es favorable al decreto por dos razones: hay magistrados que ya comienzan a prever que la medida trae como consecuencia una desmejora de los derechos sociales de los trabajadores y una evidente afectación al principio de “equidad horizontal”.
El sistema tributario se debe fundar en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Por ello, la Defensoría del Pueblo y una buena parte de los conceptos enviados por la academia y organizaciones sociales como Dejusticia le piden al alto tribunal extender el cobro a privados y públicos por igual. Paula Robledo, defensora delegada para asuntos constitucionales, le recordó al Gobierno que la equidad horizontal implica que el sistema tributario trate de forma idéntica a las personas que gozan de la misma capacidad económica, de manera que después de pagar sus contribuciones queden situadas en el mismo nivel. Para la Defensoría, no tiene sentido que el Gobierno se escude en el crecimiento del desempleo en el sector privado, pues el impuesto está diseñado para cobrarse mientras exista un vínculo laboral o contractual. Universidades de todo el país acompañan esta postura. Dejusticia cuestiona además la situación de los 6.010 contratistas del Estado, dado que ellos deben pagar con su sueldo los gastos por Seguridad Social, no reciben primas, bonificaciones, gastos de representación, entre otros beneficios que sí tienen los servidores públicos. Solicitan que para conseguir equilibrio, el descuento del impuesto se haga sobre el valor de sus honorarios después de descontar Seguridad Social. En medio de una crisis como esta, la opinión de muchos expertos ante la Corte se centra en restringir el destino que deben tener estos recursos. Sin embargo, la gran mayoría pide que se caiga o que si perdura se ajuste para que la solidaridad sea asunto de todos.