Nunca antes en el país se había ordenado una detención preventiva por presuntos vínculos con el paramilitarismo para un personaje como Guillermo Gaviria Echeverri. Es el primer empresario de su talla, miembro de la élite antioqueña, al que la Fiscalía le pide cuentas. La decisión de detenerlo en su domicilio sorprendió no solo por su avanzada edad -tiene 88 años-, sino también porque se dio pocos días después de que el exparamilitar Raúl Hasbún, alias Pedro Bonito, que tuvo influencia en Urabá, se quejó de que los procesos contra empresarios que él había salpicado estaban estancados en la Fiscalía.El caso además no es nuevo. Gaviria mismo pidió a la Fiscalía en 2010 que lo investigara cuando se enteró que Hasbún afirmaba que él había financiado su grupo ilegal. Sin embargo, el proceso parecía no avanzar hasta el pasado 11 de abril, cuando la Fiscalía ordenó la medida de aseguramiento preventiva contra él y Juan Esteban Álvarez, gerente de las empresas de la familia Gaviria, por el presunto delito de concierto para delinquir por organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley. Gaviria, quien se ha dedicado toda su vida a los negocios y ha sido un personaje influyente en la política en Antioquia, es padre de Aníbal, actual alcalde de Medellín, y de Guillermo, el exgobernador de Antioquia secuestrado en 2002 por las Farc y asesinado un año más tarde. Además de ser un cacique liberal, este ingeniero ha sido colonizador de tierras del Urabá, bananero, ganadero y minero. Dueño del periódico El Mundo, también ha sido gestor de Unibán, fundador de Colanta, promotor de Carbocol y es miembro de las juntas directivas de la minera El Roble y del Grupo 20, que aglomera a varias empresas agropecuarias de las que él es dueño.Según las declaraciones de Hasbún, Gaviria hizo parte de un grupo de empresarios bananeros que en Urabá financió a los paramilitares y los aportes se hacían por medio de su conglomerado empresarial Grupo 20, representado en ese entonces por Juan Esteban Álvarez. Gaviria ha admitido que les dio plata a los paramilitares en un par de ocasiones, pero que lo hizo porque lo 'vacunaron' y que las sumas fueron entre 2 y 5 millones de pesos. Hasbún ha dado una versión diferente al decir que el Grupo 20 sacaba "8, 10, 15 millones de pesos mensuales" para darle a su ejército ilegal. Gaviria se ha sostenido en su posición de víctima y así respondió de nuevo a la detención ordenada la semana pasada. "Ante la Fiscalía he aportado todas las pruebas que confirman que fui extorsionado y, respetando la reserva del sumario, no me es posible hacer pronunciamientos de fondo", dijo en un comunicado. Álvarez, el gerente de sus empresas en Urabá, coincide en que los pagos a los paramilitares fueron producto de presiones. Recientemente, Hasbún le contó a SEMANA detalles nuevos de su relación con Gaviria y Álvarez, como lo ocurrido con una finca lechera en San Pedro de los Milagros. "Juan Esteban Álvarez me dice que el Negro Gaviria (Guillermo Gaviria) tiene un problema y que me lo quiere comunicar personalmente. Yo me reúno con el Negro Gaviria, me comenta el problema y yo voy, hablo con Vicente Castaño y vuelvo a donde el Negro Gaviria para la solución de su problema". SEMANA buscó a Gaviria para aclarar el encuentro que tuvo el paramilitar con él, según su versión, pero no fue posible conseguir su testimonio. Álvarez le dijo a esta revista, por su parte, que la Fiscalía tiene las explicaciones. "No quiero hacer una confrontación mediática", afirmó. ¿Qué otras pruebas tiene la Fiscalía contra Gaviria? ¿O es solo el testimonio de un paramilitar?