Este lunes estaba citado el exsenador Bernardo Miguel, ‘Ñoño’ Elías, en la Comisión de Acusaciones de la Cámara para rendir testimonio acerca de una posible relación entre la multinacional de Odebrecht y la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos. La citación de la comisión se debe a la apertura de investigación contra el expresidente. El exsenador no asistió, aduciendo que tiene su proceso abierto en la Corte Suprema de Justicia, y que hablar en la comisión podría entorpercer su comparecencia ante ese tribunal. Ver: Dejen hablar al Ñoño Ante la corte, si los hechos que supuestamente va a contar Elías se dieron para la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos, tendrá que explicar por qué no los denunció en esa oportunidad. Una explicación podría ser que para la época en que él dice sucedieron de los hechos, en 2014 y 2015, los aportes de empresas extranjeras a la campaña no eran considerados delitos. Si el exsenador reconoce que supo de irregularidades pero no denunció, podría ser acusado de omisión de denuncia. Otras preguntas que debería contestar el  Ñoño ante la comisión son ¿Quién y cómo le entregó los dineros de Odebrecht a Juan Manuel Santos? ¿Hubo o no un emisario de la campaña ante la multinacional? Elías también deberá contar cómo se benefició Odebrecht en el Gobierno de Santos, si recibió contratos a cambio de las supuestas donaciones, en qué entidad, y quién en el Gobierno los adjudicó. En particular, tendrá que describir cómo le fue a la multinacional en sus reclamaciones de la Ruta del Sol y qué beneficios tuvo la firma brasileña si se considera que entre 2014 y 2018 participó en 21 procesos de selección y resultó adjudicataria en una. En el caso de la ANI, Odebrecht no tuvo ninguna adjudicación durante el periodo mencionado; se abrieron 30 procesos de licitación de Autopistas 4G, con participación de más de 97 empresas (nacionales y extranjeras). Odebrecht precalificó en 15 proyectos de 4G, pero no presentó ninguna propuesta; también presentó dos iniciativas privadas, las cuales fueron rechazadas (Bogotá–Girardot y Barrancabermeja–Lebrija). Dado que el sector de infraestructura y el de aviación dependían directamente del entonces vicepresidente Germán Vargas Lleras, el Ñoño deberá aclarar si tuvo conocimiento de alguna participación del funcionario en adjudicaciones irregulares, o cómo se hizo para que este no se diera cuenta. En los casos de Brasil con los expresidentes Lula Da Silva y Temer; de Perú, con Kuczynski, Toledo, Humala y Alan García; y de Panamá, con Martinelli, los presidentes y expresidentes han sido condenados porque participaron directamente como beneficiarios del recibo de bienes o dinero por cuenta de los sobornos. Los delitos por los que fueron acusados y que les comprobaron fueron lavado de activos, recibo de plata en sus cuentas por haber adjudicado contratos, blanqueo de dinero, de capitales y sobornos, entre otros. En Colombia, ni el expresidente Uribe ni el expresidente Santos, han recibido una sola acusación por haber recibido dinero en sus cuentas personales, ni bienes en su patrimonio o el de su familia. Esta es la diferencia sustancial y eso es lo que revisará la Comisión de Acusaciones, para saber si avanza en un juicio por indignidad o por la comisión de delitos que involucre a los expresidentes. Por ahora, lo que diga el Ñoño en la corte será crucial para saber si la tradición de dignidad presidencial en Colombia se mantiene o no.