La alcaldesa Claudia López estuvo en una rueda de prensa y mientras entregaba los resultados de un operativo contra las organizaciones criminales en Bogotá, se atrevió a decir que la lucha contra la criminalidad se está perdiendo, en parte, por las decisiones de los jueces que constantemente dejan en libertad a los delincuentes que captura la Policía.
“¿En qué no vamos bien? En hurto de celulares. ¿Por qué? Porque los jueces dejan sistemáticamente libre a los ladrones, ocho de cada diez quedan libres. Entonces esa rueda suelta y ese eslabón perdido que es la injusticia y la impunidad tienen que corregirlo los que tienen la oportunidad de hacerlo”, dijo la alcaldesa.
Pues a los jueces no les cayó en gracia las declaraciones de la alcaldesa y hasta aseguraron que se trata de una intromisión “ligera e irrespetuosa” de la mandataria. Un acto que, en criterio de la Federación Nacional de Jueces y Fiscales, no constituye “un ejercicio sano para el respeto de la institucionalidad y la autonomía de los poderes”.
“La Federación Nacional de Jueces y Fiscales del país rechaza ligeras afirmaciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a causa de las decisiones los jueces de Control de Garantías en casos de delitos de hurto que la Fiscalía lleva a los despachos judiciales”, señalaron los jueces a través de un comunicado.
Para los representantes de la justicia, las declaraciones de la alcaldesa López no solo constituyen una afrenta a los jueces, sino que advierten un desconocimiento del sistema y la propia organización del Estado. En el comunicado se anticipa que la mandataria ignora que los jueces no son los responsables de redactar la ley, solo la imparten.
“Precisamos que los jueces no somos quienes construimos la Ley y, por tanto, no determinamos las causales de libertad provisional y mucho menos establecemos los topes mínimos y máximos de pena. Colombia, suscribió la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que se integran a la Constitución Colombiana, a la cual todos estamos sometidos, incluyendo los alcaldes”, dijeron los jueces.
Incluso, señalan los jueces, que el desconocimiento de la ley por cuenta de los ciudadanos, entre ellos los alcaldes, no exime de las responsabilidades que deben tener a la hora de acatar la independencia de los poderes públicos. “Por ello, el ciudadano que desconozca la norma aplicada por los funcionarios judiciales no queda con licencia para descalificar a los servidores de este poder público”, advierten los representantes de la justicia.
Para los jueces, las autoridades públicas deben remitirse al debate individual de cada proceso, antes de lanzar críticas sin fundamento, como en los tiempos de la “autocracia”; por eso es fundamental que, en el caso de la alcaldesa primero acuda al conocimiento del sistema y discutir en los escenarios correspondientes, sobre las debilidades de la rama judicial.
“Finalmente, es importante recordar a la Dra. López, que la política criminal del Estado la determinan los otros poderes públicos, y los jueces de garantías y demás funcionarios de la especialidad penal solo estamos sometidos al imperio de la Ley, en el alcance y sentido lato que le ha dado la Corte Constitucional al canon 230 superior”, finaliza el comunicado de los jueces.