En el municipio de Ayapel, sur de Córdoba, la administración municipal decidió decretar toque de queda, ley seca y prohibición del parrillero en motocicletas como medida preventiva ante los desmanes que se han registrado por cuenta del paro minero.
Pese a que varias vías de ese departamento fueron desbloqueadas por los manifestantes, aún persisten las protestas en algunos puntos, como en el corredor que comunica a los municipios de Puerto Libertador y San José de Uré.
Además, en la tarde del pasado sábado, 11 de marzo, la situación se agravó en Ayapel cuando se reportaron quema de llantas y varios manifestantes intentaron tomarse una estación de Policía.
La situación fue de tal magnitud que uniformados del Esmad tuvieron que hacer presencia y utilizaron su armamento para disipar la concentración.
De acuerdo con la Alcaldía local, en aras de garantizar el orden público, las medidas decretadas estarán vigentes hasta el próximo lunes, 13 de marzo, a las 5:00 de la mañana.
A través de un comunicado a la opinión pública, los integrantes del Comité Pro Paro Minero del Bajo Cauca, Sur de Córdoba, con vocación nacional, expresaron su rechazo a los que denominaron “actos de vandalismos” registrados en medio del desarrollo del paro minero.
En el documento aseguran “rechazamos la violencia, nuestra protesta es pacífica”.
“Agradecemos el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas, la Iglesia, el CUEES Bajo Cauca, los Alcaldes de Bajo Cauca y Sur de Córdoba, por ser garantes en el proceso de negociación. Se están brindando garantías a la misión médica y a corredores humanitarios”, se lee en el comunicado.
El presidente Petro también rechazó la violencia
El presidente de la República, Gustavo Petro, y los integrantes del Gobierno nacional, rechazaron los actos de violencia que se vienen presentando en la Bajo Cauca antioqueño, en desarrollo del paro minero que se registra desde el pasado 2 de marzo.
Aseguran que los hechos violentos que han tenido lugar durante el desarrollo de las jornadas de protesta social “han vulnerado los derechos de la población civil y han puesto en grave riesgo la integridad de miembros de la Fuerza Pública”.
Además, destacan que el Gobierno ha estado presente en la región con varios de sus integrantes en las mesas de diálogo, escuchando a las partes y garantizando el normal desarrollo de las jornadas. Entre los delegados en la zona se encuentran cinco viceministros y equipos técnicos.
Desde el Gobierno Petro resaltan que los ministros de Defensa, del Interior y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como también integrantes de la Fuerza Pública y la Gobernación de Antioquia, “estuvieron al frente de las medidas adoptadas para despejar las vías y garantizar la seguridad y los derechos de los habitantes de la región”.
Con relación a las mesas de conversación, que permitan avanzar en la solución a estas alteraciones del orden público, desde la Presidencia de la República insisten en que la puerta al diálogo solo se reabrirá una vez se cumplan una serie de requisitos, como:
- Cesen los hechos de violencia.
- Tener normalización en el territorio y se supere el desabastecimiento.
- La población pueda contar con alimentos y medicinas.
- Se tenga pleno funcionamiento de hospitales, colegios y centros de atención de la niñez.
Aseguran que, de darse las condiciones para reanudar el diálogo, “insistiremos en la creación y puesta en funcionamiento del distrito minero, así como en el plan de formalización de la minería, que garantice respeto por el medio ambiente y el derecho al trabajo”.
Según la comunicación emitida por el Gobierno nacional, permitirá que estas personas cuenten con el apoyo del Estado en el desarrollo de sus actividades productivas.