En los próximos días entrará en vigencia un decreto expedido por el Gobierno que pretende poner en cintura el porte de armas traumáticas. La medida se toma como una apuesta por mejorar los índices de inseguridad que se registran en las principales ciudades del país, especialmente en Bogotá.
El propósito es reducir la criminalidad, en la que se ha registrado que en ocasiones este tipo de armas son utilizadas con estos propósitos. Lo que se establece es que quien quiera portar un arma de estas características tendría que cumplir prácticamente los mismos requisitos que quien usa un arma de fuego convencional.
El proyecto ha generado todo tipo de reacciones, algunas a favor y otras en contra sobre los alcances de la medida. Hay quienes consideran que no se tiene en cuenta a quienes comercializan estos elementos y que ahora tendrán una nueva regulación, así como quienes las usan y tendrán que solicitar los correspondientes permisos. Otros consideran que, contrario a lo que se pensaría, se le quitaría un elemento de protección a la ciudadanía en medio del panorama de inseguridad.
La representante Ángela María Robledo considera que es una buena medida, aunque criticó la gestión del Gobierno. “Este decreto que anuncia el Gobierno llega tarde. Si lo hubieran sacado antes, se habrían protegido muchas más vidas, evitado mutilaciones y lesiones oculares de cientos de jóvenes en Colombia”, aseguró Robledo.
Por su parte, la senadora Angélica Lozano afirmó que actualmente en Colombia comprar un arma de este tipo es tan fácil como adquirir un jarabe para la tos. “Con las armas traumáticas hay alto riesgo en las calles, pues son muy usadas por quienes delinquen. Por eso es importante que se empiece a implementar su registro obligatorio”, dijo Lozano a Noticias Caracol.
El senador Rodrigo Lara es uno de los que más ha impulsado que este tipo de armas tengan restricciones, ya que considera que muchas veces son usadas por los criminales para cometer actos delictivos. Lara busca que en el Congreso le aprueben un proyecto que pretende una regulación similar a la del Gobierno.
“Las armas traumáticas, las armas de fogueo y las armas de letalidad reducida, con las que también se están cometiendo delitos, las vamos a regular”, afirmó Lara sobre su iniciativa. Según dijo, físicamente son muy parecidas a una de fuego convencional y es muy difícil saber la diferencia en un primer momento, por lo pide que tengan un color distintivo que las identifique.
Lara también dice que hay muchas categorías de armas no letales que actualmente podrían ser portadas libremente por los ciudadanos. Reconoce, por ejemplo, al gas pimienta, que puede llegar a ser usado como defensa personal, pero considera que hay otras que deben ser de uso exclusivo de empresas de seguridad y del Estado. “Con esta ley vamos a quitarles las armas y las municiones a los delincuentes”, afirmó el congresista.
José Daniel López, de Cambio Radical, también reconoció la decisión del Gobierno. “Celebro que el presidente vaya justo en la dirección contraria de los sectores más radicales de su partido, Centro Democrático. Es valiente que en tiempos en los que los halcones –en términos de los republicanos estadounidenses– exigen flexibilizar las armas, acá avancemos en una regulación que desincentive y sancione el porte de cierto tipo de armas”, le contestó López a SEMANA.
El representante por Bogotá agregó que le parece práctico no solo en términos políticos, porque envía un buen mensaje, sino que considera que contribuiría a reducir la criminalidad. “Muchas veces esas armas traumáticas son utilizadas para intimidar a la gente en robos”, afirmó López.
Contrario a este planteamiento, la senadora María Fernanda Cabal es una de las que se ha mantenido en la idea de que se deben flexibilizar los permisos para tener un arma. La congresista del Centro Democrático considera que debe primar el derecho de los ciudadanos de ejercer su legítima defensa. Cabal también impulsa un proyecto en el Congreso que tiene ese propósito.