“El proceso de licitación estuvo plagado de irregularidades”. De esta forma, el abogado del ahora excanciller Álvaro Leyva Durán le pidió a la Procuraduría General abstenerse de emitir cualquier tipo de sanción disciplinaria en el marco del proceso que se le adelanta por declarar desierta la contratación para los pasaportes que tenía un valor cercano a los 600 mil millones de pesos.
Para el abogado Yefferson Dueñas, el entonces ministro de Relaciones Exteriores actuó como se lo exigía la ley puesto que el proceso licitatorio estaba “direccionado” y presentaba “vicios y graves problemas en su estructuración”, hecho por el cual Leyva tomó la decisión de declararlo desierto.
“Declarar desierto un proceso de contratación que está viciado de ninguna manera puede ser considerado una falta disciplinaria, todo lo contrario, haber adjudicado un contrato en esas condiciones, con esas violaciones de la contratación estatal, sí hubiesen sido reprochables disciplinariamente y desde el punto de vista penal”, aseveró el jurista.
En sus alegatos de conclusión recordó que la Fiscalía General archivó la denuncia que se presentó contra Leyva Durán por estos mismos hechos, “pues se consideró que al no haberse celebrado un contrato no había fundamentos para seguir con la investigación penal”.
“Un proceso direccionado, o al menos, con graves problemas en su estructuración no puede ser adjudicado, y la declaratoria de desierta en esas condiciones no puede constituir falta disciplinaria y, mucho menos, violación de los principios de la contratación estatal, todo lo contrario”, recordó.
Tras citar las pruebas documentales y periciales que se presentaron en el juicio disciplinario, el abogado de Leyva Durán aseguró que la decisión de declarar desierta la licitación no fue por un capricho sino que se tuvieron en cuenta varios conceptos que alertaban sobre las irregularidades en la licitación.
Primero que todo, el comité de estructuración que analizaba los principios financieros, jurídicos y técnicos alertó frente a las falencias, principalmente en el último punto.
En otro de los puntos de su intervención el jurista advirtió que muchos de los testigos incurrieron en contradicciones y omisiones cuando narraban la forma en cómo se adelantó el proceso de licitación en la Cancillería, revisando las propuestas y el cumplimiento del término de condiciones.
“Muchos dicen yo participé pero nadie reconoce cómo se dieron esos puntos”, alegó el abogado de Leyva. En su posición, no existen pruebas para emitir una sanción disciplinaria.
En febrero de 2024, la Procuraduría General dejó en firme la sanción por tres meses contra Leyva Durán mientras se adelantaba el respectivo juicio y, evitar así ,la posible reiteración de las faltas disciplinarias que se le atribuyen. Teniendo en cuenta su rol como ordenador del gasto de la Cancillería y el que funge como director del nuevo proceso contractual que se adelanta para la gestión de pasaportes.
La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que el entonces Canciller habría incurrido en dos faltas disciplinarias, calificadas de manera provisional como gravísimas cometidas a título de dolo: la primera, al declarar desierta la licitación 001 de 2023 sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal. Y, en segundo lugar, el organismo de control profirió cargos al ministro por supuestamente decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación.
La Procuraduría General adelanta otra investigación contra Leyva por presuntamente emitir decisiones y firmar documentos pese a que estaba suspendido de sus funciones.