El abogado Oswaldo Medina, quien representa a la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, advirtió ante la jueza tercera de control de garantías de Bogotá que en medio de las indagatorias que rindió ante la Fiscalía General la exfuncionaria recibió varias presiones para que firmara un principio de oportunidad.
Situación atípica que fue puesta de presente por el delegado de la Procuraduría General. Para el abogado defensor, este es solamente uno de los hechos irregulares que se han presentado en medio de esta investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
“Es un claro mensaje de presión a mi representada”, aseveró el abogado penalista, que aseguró que en esa diligencia se presentaron varias vulneraciones al debido proceso por parte de las fiscales que lideraron la indagatoria.
El abogado fue más allá y aseguró que durante la imputación de cargos, celebrada el pasado 29 de noviembre, se presentaron varios vacíos durante los hechos, materia de investigación. “La Fiscalía está improvisando con Sandra Ortiz (...). Nos demuestra que la Fiscalía no investigó para imputar sino que imputó para investigar”, aseveró el jurista.
En otro de los apartes de su intervención, el abogado aseguró que pese a que la exfuncionaria siempre atendió las citaciones de la Fiscalía General, se enteró por los medios de comunicación de la decisión de imputarle cargos. Esto, para el abogado, representó otra presión para la exconsejera presidencial.
“Cuando los grupos de investigadores de la Fiscalía se desplazaron a la casa de Sandra Ortiz, ella les indicó en ese momento que si querían les entregaban al pasaporte, que no se iba a volar, entre el llanto y el asedio y la coacción y el escándalo, pues irrumpieron delante de todos sus vecinos”, explicó.
En medio de su revelación sobre los hechos que rodearon los interrogatorios y la toma de pruebas, “las representantes de la Fiscalía le indicaron que ellas sabían que ella no se había robado ningún dinero, ni que tampoco encontraban por el momento ningún delito. Le dijeron que era una de las razones por las cuales la investigación de Sandra Ortiz se encontraba en un radicado aparte”.
En sus alegatos, la defensa de la exfuncionaria procesada aseguró que desde el primer minuto se le han desconocido sus derechos fundamentales.
“La Fiscalía no ha tenido en cuenta su condición de única mujer investigada, de madre de una hija menor de edad. Como usted lo podrá notar, señora juez de control de garantías, es la única persona imputada e investigada por el delito de lavado de activos, ni a Sneyder Pinilla ni a Olmedo López, ni a las más de diez personas que la Fiscalía investiga en este momento, ni la Corte Suprema de Justicia está investigando a los senadores y representantes a la Cámara que dicen haber tenido alguna vinculación con esta investigación por el delito de lavado de activos”.
Esto pese —aseveró— a que se trata de los mismos hechos. Igualmente, advirtió que las pruebas que ha presentado hasta el momento la Fiscalía General no demuestran la activa participación de Sandra Ortiz en estos hechos de corrupción puesto que se han mostrado evidencias sin contexto.
Esto en referencia a la reunión que se habría realizado en la Casa de Nariño en la que supuestamente se habría acordado con Olmedo López, entonces director de la UNGRD, el desvío de millonarios contratos.
En este sentido se aseguró que “el video sin audio” solamente hace referencia a un encuentro casual en antesala a un consejo de ministros que se iba a realizar ese día, por lo que no se demuestra ni el pacto ni el mencionado acuerdo.
Este miércoles, la Procuraduría y los representantes de víctimas (UNGRD, Contraloría y Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado) pidieron avalar la medida de aseguramiento en centro carcelario presentada por la Fiscalía General en contra de la exconsejera presidencial para las regiones.