Luego de cinco años de investigación y poco más de dos meses de haber formulado imputación, la Fiscalía General de la Nación sigue sin acusar formalmente a Sergio Fajardo ante la Corte Suprema, ni solicitar preclusión a su favor.

Pese a la insistencia de la defensa de Fajardo de que este proceso se surta en tiempos razonables, el exgobernador de Antioquia continúa a la espera del momento en que la Fiscalía decida llamarlo a juicio.

De igual manera, la defensa, liderada por Mauricio Pava Lugo, presentó directamente en Nueva York la petición a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los DD.HH., Michelle Bachelet, y al relator especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García. Comenzaron acciones para que este sea escuchado por su juez natural.

En la acción, los abogados pidieron que el organismo multilateral conmine a la Fiscalía General de la Nación a que presente el caso a la Corte Suprema de Justicia y que no afecte los derechos políticos del hoy precandidato presidencial.

Esta investigación comenzó en 2016 y se refiere a hechos ocurridos durante su época como gobernador de Antioquia (2013). Pero apenas hace poco el caso ha cobrado relevancia, tras la imputación de la Fiscalía a pocos meses de la contienda presidencial.

“Preocupa que, después de cinco años de investigación por una conducta supuestamente cometida en el 2013, los tiempos de la Fiscalía ahora coincidan con los del calendario electoral”, dijo Pava Lugo.

“Hemos pedido a las Naciones Unidas que vele por que se cumplan los plazos razonables aplicables a cualquier proceso y que Sergio Fajardo pueda ser escuchado oportunamente por la justicia colombiana”, agregó.

Vale la pena recordar que el pasado 5 de mayo, ante el Tribunal Superior de Bogotá, Sergio Fajardo sostuvo: “No acepto los cargos, jamás he cometido delito alguno, ni en mi vida privada ni en toda mi trayectoria como servidor público. Espero que la Fiscalía nos permita demostrar mi inocencia sin demora ante la Corte Suprema de Justicia”.

Cargos imputados por la Fiscalía

Tras la lectura del relato por parte de la Fiscalía, que tomó un poco más de una hora, en la que detalló los pormenores de la celebración de un préstamo en dólares entre el departamento de Antioquia y el Banco CorpBanca S.A., la Fiscalía le imputó formalmente cargos al exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama, por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Fajardo no aceptó los cargos imputados.

En la lectura de imputación de cargos, la Fiscalía señaló que Sergio Fajardo Valderrama, como gobernador de Antioquia en el periodo 2012-2015, “es coautor del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales contenido en el artículo 410 del Código Penal, en concurso material heterogéneo y sucesivo, con el delito de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, consagrado en el artículo 397 del Código Penal, inciso segundo, cometido en calidad de coautor”.

“Jamás he cometido delito alguno ni en mi vida privada ni en toda mi trayectoria como servidor público. Espero que la Fiscalía nos permita demostrar mi inocencia sin demora ante la Corte Suprema de Justicia”, dijo Fajardo, como respuesta a la imputación de la Fiscalía.

Tras la respuesta del exgobernador de Antioquia, el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá formalizó la imputación de cargos y agregó que “de conformidad con el artículo 97, del Código de Procedimiento Penal, se le impone la prohibición de enajenar bienes sujetos a registro”.

Aunque la defensa de Fajardo Valderrama formuló una petición para que fueran aclarados algunos puntos de la imputación, estos no fueron tomados en cuenta, pues, previamente, el precandidato presidencial manifestó que el relato de la Fiscalía había sido claro. Detalle que el magistrado y la delegada de la Procuraduría General de la Nación tomaron en cuenta, toda vez que para la imputación era necesario que el acusado comprendiera los argumentos.

En la audiencia, que duró poco menos de dos horas, el ente acusador hizo un recuento de los hechos, en los que se enfatizó en la celebración de contratos de sustitución de deuda con otros bancos, lo que implicó el desembolso de 77 millones de dólares al departamento de Antioquia.

“Al momento del desembolso, en 2013, el dólar costaba 1.926 pesos. En 2015, su valor superaba los 3.140 pesos. En ese sentido, la obligación interna contraída en dólares originó un presunto detrimento fiscal por la devaluación del peso, que a corte de 2020, ascendió a un monto estimado de 320.000 millones de pesos”, detalló la Fiscalía.

El magistrado informó que lo que ahora viene en el proceso son los tiempos para los efectos procesales, en los que ya se determinarán los plazos para la audiencia de acusación, posteriormente la preparatoria, y estar pendiente si se acepta un juicio oral.