Quedó atrás la relativa calma chicha con que la Corte Suprema de Justicia logró apaciguar los ánimos de cara a la opinión pública en el caso Álvaro Uribe. Hace tres semanas la Sala de Instrucción hizo una “perentoria advertencia” a los abogados, testigos y demás intervinientes para que se abstuvieran de hablar sobre el caso a fin de mantener la reserva del mismo. Pero una serie de episodios, de lado y lado, indican que esa solicitud es cosa del pasado. Las partes están lanzándose dardos, trinos y denuncias como nunca. El primero en agitar el debate público del caso fue el propio Uribe. Tras su indagatoria el exmandatario hizo una intervención transmitida por medios de comunicación y por redes sociales de una hora larga en la que hizo un amplio recuento del proceso y lanzó ácidos cuestionamientos por lo que considera actos injustos de parte de la corte e ilegales por parte de Cepeda. La respuesta no se hizo esperar, su contraparte, el senador Iván Cepeda, expidió un extenso comunicado en el que asegura que Uribe violó la reserva sumarial y que ello constituye una “desafiante contravención”. El senador del Polo remitió a la corte copia de la alocución de Uribe y cuestionó también una entrevista que concedió Diego Cadena, el polémico abogado de Uribe, a la emisora W Radio. Cepeda señala que Cadena allí “comentó de manera pormenorizada numerosos aspectos del expediente… y las intervenciones de otros declarantes”. El fiscal general aportó otra novedad que agitó el caso: aseguró que en las próximas semanas se tomarán decisiones relativas a Diego Cadena.  Por su parte, Jaime Lombana, abogado titular del expresidente, confirmó que denunciará al “Comité de Solidaridad con los Presos Políticos” (CSPP) por una serie de desembolsos que esta fundación hizo a familiares de Juan Guillermo Monsalve, hoy principal testigo contra Uribe.

Monsalve recibió un total de 16,5 millones de pesos entre 2011 y 2012 a través de una ONG cercana al senador Iván Cepeda. Fueron 16 desembolsos y se hicieron entre los años 2011 y 2012. Se trató de gastos para desplazamientos, hoteles y alimentación para la familia del testigo. Esas platas están documentadas en igual número recibos (ver documentos). Este asunto generó una polvareda dentro del caso pues, como se sabe, a Uribe se le cuestiona por los pagos que su abogado Diego Cadena hizo a varios exparamilitares que terminaron rindiendo testimonio en el caso. Cadena ha tratado de justificar esos pagos, calculados entre 7 y 9 millones de pesos, diciendo inicialmente, que fueron “ayudas humanitarias” y luego que se trató de “subsidios”. Sin embargo, el propio Uribe ha descalificado los mismos. Uribe –en su muy comentada alocución– señaló que en su indagatoria dijo que no tuvo conocimiento de estos pagos y que de haber sido consultado por Cadena su respuesta habría sido un tajante no.

Desde el búnker y en voz del propio fiscal general encargado, Fabio Espitia Garzón, vino otra novedad que agitó el caso Uribe. El funcionario aseguró que en las próximas semanas se tomarán decisiones relativas a los procesos que cursan en el ente investigador contra el abogado Diego Cadena. Esos expedientes están relacionados con los supuestos cargos de suplantación de la justicia y fraude procesal, y se desprenden de una compulsa de copias que produjo la Corte Suprema de Justicia cuando decidió llamar a indagatoria a Uribe y al representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada, hace más de un año. (Tras varios contratiempos finalmente la diligencia del exmandatario se hizo la semana pasada mientras que la Prada sigue pendiente).

Luego de que se conoció el anuncio del fiscal general, el abogado Cadena salió del país. Tomó un vuelo desde Cali a Miami. En realidad Cadena vive la mitad del tiempo en Estados Unidos y su cercanía con agentes de la DEA y el sistema penitenciario gringo es ampliamente conocido y eficaz. El año pasado, cuando la Corte Suprema de Justicia solicitó colaboración a Estados Unidos para seguirle los pasos en ese país la nula respuesta de las autoridades norteamericanas fue bastante elocuente. Tras el anuncio del fiscal Espitia, Uribe también lanzó una señal de respaldo a su abogado. El expresidente publicó un trino en el que destacó que Cadena “ha hecho un gran esfuerzo para confirmar informaciones de testigos manipulados por extremistas que sintieron que mi gobierno les cerró el camino. Las nuevas pruebas le ayudarán y me ayudarán”. Y ante esto el senador Cepeda también salió paso. El congresista del Polo le pidió a la Fiscalía que antes de tomar alguna determinación relacionada con Cadena practique una inspección judicial al proceso que se adelanta en la Corte Suprema de Justicia para conocer evidencias que implican al abogado. Además anunció que se constituirá como víctima en ese proceso y solicitó que Cadena sea imputado con petición de medida de aseguramiento intramural “para evitar más obstáculos a la justicia y una posible fuga del implicado”. Respecto a la relación del expresidente con su abogado Cadena, el senador Cepeda señaló que “Uribe debe explicar cuál es su posición definitiva frente a los servicios del abogado Diego Cadena, al cual unas veces envía al pabellón de sospechosos y otras defiende, justificando las instrucciones que de manera directa y personal le dio en medio de su atropellada búsqueda de falsos testigos”.

Como se podía suponer, Uribe no tardó en reaccionar. El expresidente volvió a la carga y lanzó varios trinos en los retomó la discusión de los pagos al testigo Monsalve a través del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, ONG dirigida por Franklyn Castañeda. En uno de esos trinos Uribe señala que Cepeda y Castañeda son socios políticos y anexa el pantallazo de una publicación del senador del Polo en la que este pide votar por Castañeda en IV Congreso Nacional del partido.

La organización CSPP también respondió. Castañeda, en entrevista con W Radio le plantó cara a Jaime Lombana y su anuncio de denuncia contra la ONG. Esta expidió un comunicado en el que explica que el CSPP tiene más de 45 años de trabajo independiente, sin influencia de Cepeda, y que la ayuda al entorno del testigo Monsalve fue un aporte realizado para la reubicación de dos núcleos familiares cercanos éste y “se otorgaron varios meses después de que este realizara sus denuncias contra el senador Uribe y como respuesta a situaciones de riesgo que han sido verificadas, incluso por autoridades”. El intercambio de señalamientos está lejos de apaciguarse. El abogado Lombana le confirmó a SEMANA que este miércoles presentará la denuncia contra el CSPP. Pero la propia ONG también está anunciando que interpondrá denuncia por injuria y calumnia contra las personas que han pretendido estigmatizar su nombre y enlodar su trabajo. Esta semana las partes deben presentar a la Sala de Instrucción sus alegatos de conclusión. Tras esto el magistrado César Reyes Medina deberá entrar a resolver situación jurídica, es decir: determinar si precluye la investigación o si por el contrario existe mérito para acusar al expresidente y, eventualmente, imponer una medida de aseguramiento preventiva. Es poco probable que este paso se surta en los próximos días. El magistrado instructor había ordenado una veintena de testimonios incluyendo los de varios exparamilitares detenidos en cárceles de Estados Unidos. Esas diligencias están pendientes. También sigue en el aire la indagatoria al representante Prada. Solo hasta que las pruebas ordenas se practiquen la corte entrará a definir situación jurídica a Uribe. Cuando quiera que eso ocurra y cualquier que sea la decisión, ese paso hará que la discusión se exaspere aún más.