La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez solicitó formalmente que el caso pase de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General de la Nación. “El día de ayer la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez formalizó ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema la solicitud de remisión del caso a la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo al establecimiento jurídico colombiano que así lo determina”, señala el comunicado del abogado Jaime Granados.
“La Constitución Política, así como la propia jurisprudencia del alto tribuno, determinan calladamente que en este caso, como en cualquier otro en el que los hechos investigados no se relacionan con la actividad parlamentaria, se procederá a este traslado”, agrega el pronunciamiento. “Las falsedades del senador Iván Cepeda, pretendiendo vincular las actividades parlamentarias del doctor Uribe o de su equipo de trabajo a esta investigación no tienen asidero ni en el expresidente ni en la verdad”. Por último, señala la defensa del exsenador, “en la Fiscalía General este proceso no tendrá reserva sumarial, todos los colombianos podrán conocerlo y comprobar así quiénes dicen la verdad y quiénes no”.
El expresidente Álvaro Uribe, en prisión domiciliaria por orden de la Corte Suprema que lo investiga por presunta manipulación de testigos, anunció el martes pasado su renuncia al escaño que ocupaba como senador desde 2014. En su comunicado de renuncia, Uribe denunció "la violación de ocho garantías procesales" y aseguró ser víctima de "interceptaciones ilegales y dolosas", así como de filtraciones del expediente en su contra a "adversarios políticos y periodísticos”. El exmandatario, de 68 años de edad, quedó enredado con la justicia en un giro insospechado de su caso. En 2012 presentó una denuncia contra el senador Iván Cepeda por un supuesto complot judicial que se preparaba en su contra con testimonios falsos. Uribe sostenía que Cepeda —uno de sus mayores adversarios y testigo en su proceso— contactó a exparamilitares presos para que lo vincularan con esos grupos, acusados de delitos atroces en el curso del conflicto colombiano de seis décadas. No obstante, la Corte se abstuvo de procesar a Cepeda y, en cambio, decidió abrir en 2018 la investigación contra el exmandatario bajo la misma sospecha: manipular testigos contra su opositor. Tras la renuncia de Uribe al Senado, el debate jurídico en el país es si la Corte Suprema de Justicia queda sin competencia en el caso y si el mismo lo debe asumir la Fiscalía General de la Nación, como lo está solicitando la defensa del expresidente y exsenador.