Este jueves, el abogado Jaime Granados Peña enunciará la última prueba documental que espera sea tenida en cuenta en el juicio que se adelantará contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por su presunta responsabilidad en los delitos de soborno en actuación penal, soborno a testigos y fraude procesal.
Esta última prueba es la más importante para la defensa del exmandatario y su teoría del caso, por lo que se tomará tres horas en presentar esta prueba ante la jueza 41 de conocimiento de Bogotá y demostrar así el entramado judicial que se adelantó contra el exmandatario.
En total, la defensa del exjefe de Estado enunció 125 elementos materiales probatorios y 160 testigos que espera sean tenidos en cuenta para enfrentar las acusaciones hechas por la Fiscalía General en mayo pasado.
Después de esta presentación, la jueza del caso le dará la palabra a la fiscal delegada ante la Corte Suprema, Marlene Orjuela; el procurador Bladimir Cuadro; los representantes de víctimas (el senador Iván Cepeda; el exfiscal General, Eduardo Montealegre; el exviceministro Jorge Fernando Perdomo; y Deyanira Gómez) para que presenten sus argumentos frente a las pruebas solicitadas.
Posteriormente, la jueza anunciará las pruebas documentales, periciales y testimoniales que serán tenidas en cuenta para el desarrollo del juicio que podría comenzar en diciembre.
En medio de una atropellada audiencia celebrada en septiembre pasado, la jueza anunció que iba a tener en cuenta las interceptaciones telefónicas que ordenó por error la Corte Suprema de Justicia en el año 2018.
En esa oportunidad, el abonado telefónico del expresidente fue confundido, supuestamente, con el celular del entonces representante a la Cámara, Nilton Córdoba Manyoma, investigado por el escándalo del cartel de la toga.
Pese a que era evidente que era la voz del exmandatario se continuó con el registro. Los investigadores interceptaron las conversaciones entre el expresidente y el abogado Diego Cadena.
Pese a los reclamos, en las que estas interceptaciones fueron calificadas como ilegales por vulnerar el secreto profesional entre abogado y cliente, la juez las admitió para el juicio.
Estas conversaciones hacen parte de la columna vertebral de la acusación de la Fiscalía General contra Uribe y demostrarías las órdenes que recibió el jurista por parte del exmandatario para buscar la retractaciones de varios exparamilitares, entre ellos Juan Guillermo Monsalve.
En una de esas conversaciones, el exmandatario le dijo a Cadena: “Proceda, doctor Diego”, lo que fue entendido como una orden para que ofreciera beneficios económicos y asesorías jurídicas a los exparamilitares a cambio que firmaran una retractación y señalaran al senador Iván Cepeda.
Cadena, quien se presentaba como apoderado de Uribe, se encuentra actualmente en la etapa final de su juicio por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
En este caso, la Fiscalía General señaló que entregó dinero en efectivo y asesorías a cambio que los exparamiltiares se retractaran de los señalamientos que habían hecho en Justicia y Paz en contra de Álvaro Uribe Vélez, y su hermano, el ganadero Santiago Uribe Vélez, vinculándolos con la conformación de grupos de autodefensa en Yarumal, Antioquia, en la década de los noventa.