El abogado Jaime Lombana, quien representa los intereses del exconcejal de Bogotá Felipe Ríos, le pidió a la jueza 42 de control de garantías negar el control de legalidad de la imputación hecha por la fiscal Angélica Monsalve en contra de su cliente y los empresarios Carlos y Javier Ríos Velilla por presuntamente verse beneficiados con un millonario contrato para el recaudo de TransMilenio.

Lombana aseguró que la imputación de cargos hecha este lunes representa una violación de los derechos fundamentales del exconcejal de Bogotá, indicando que evidencia “sesgos y vacíos constitucionales y normativos” puesto que jamás se dejó en claro en qué inhabilidad estaba incurriendo Ríos cuando se celebró dicho contrato que le fue entregado a Recaudo Bogotá, empresa representada por dos de sus tíos.

El abogado calificó como “un imposible jurídico” lo dicho por la fiscal Hernández, indicando que solamente se dijo que existía una inhabilidad, pero nunca se aclaró cuál era. “No nos ha señalado cuál es la infracción que cometió Felipe Ríos”.

Para el jurista existe una “laguna de legalidad” en todo lo manifestado durante la audiencia de imputación, puesto que nunca se dijo por qué el entonces concejal estaba inhabilitado en este contrato en el cual tenía un cierto interés su familia. “Los empresarios no son funcionarios públicos”, cuestionó el abogado al indicar que jamás se presentó un hecho jurídicamente relevante.

“Un concejal no tiene roles de contratación. Se imputa una aberración penal”, precisó Lombana en su extensa intervención en el que cuestionó todo lo manifestado por la delegada de la Fiscalía. “Aquí no hay un debido proceso, se está imputando cargos por un delito que relaciona hechos que no caben en ese delito”.

En medio de su intervención fue interrumpido por la fiscal Hernández, quien le aseguró que lo que estaba diciendo era para la etapa en juicio. “Usted lleva 15 días hablando en medios de comunicación, déjeme al menos hablar en la audiencia de hoy”, señaló.

Sin embargo, la jueza de control de garantías rechazó la petición al considerar que la Fiscalía incurrió en la “mínima carga”, puesto que se individualizó a los tres procesados, se señaló su presunta participación en los hechos materia de investigación, descripción de los casos relevantes y la participación de cada uno de ellos.

Frente a la legalidad de la imputación hecha, el abogado Lombana anunció que presentará una apelación en contra de la decisión de la jueza de control de garantías de avalar la imputación.

No aceptaron cargos

Tras la pregunta de la jueza de control de garantías, los empresarios y el exconcejal se declararon inocentes de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

La Fiscalía General señaló que en 2011 una empresa representada por los Ríos recibió el billonario contrato para el recaudo de pasajes y control de la flota de buses de TransMilenio y del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). El contrato fue adjudicado durante la Alcaldía de Samuel Moreno Rojas.

Pese a que existían prohibiciones legales, el concejal no manifestó ningún impedimento ni los empresarios señalaron que un familiar cercano era cabildante. La fiscal indicó que en efecto la ley tiene claras restricciones en este tipo de situaciones.