Como “inaudito” calificó el abogado Jaime Granados Peña, quien lidera la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el hecho que la jueza 44 de conocimiento de Bogotá fijara de manera aleatoria el inicio de las audiencias preparatorias dentro del juicio que se adelanta contra el exmandatario por presunta manipulación y presión a testigos.

En entrevista con SEMANA, el abogado penalista aseguró que en dos oportunidades le han solicitado al despacho judicial cambiar la fecha, ya que el expresidente tiene un compromiso académico fuera del país en esos días.

Debido a que el exjefe de Estado ya anunció su deseo de estar presente en el juicio, se le hizo la respectiva petición. Sin embargo, para su sorpresa, recibieron una respuesta en términos “desobligantes y fuera del lugar”, sin que se analizara en lo más mínimo la situación del expresidente.

“Hay que tener en cuenta que Álvaro Uribe Vélez, pese a ser un hombre muy fuerte, dinámico y activo, pues tiene 72 años, es decir, forma parte de la tercera edad, que tiene especial protección constitucional”, argumentó el jurista. “Es una petición elemental, por correr seis días una audiencia, no va a pasar nada, y sí se le va a respetar un derecho que tiene él para estar presente en una audiencia que es de la mayor importancia”.

Para el abogado, las actuaciones que se han presentado permiten inferir que existe un evidente sesgo de la jueza, lo que se va a poner de presente durante las próximas audiencias. “Pensando en las audiencias que se avecinan, pues la defensa va a ejercer sus atribuciones, anuncio que va a haber sorpresas”.

Frente a esto, aseguró que todas las decisiones contradictorias que se han presentado en el trámite de este proceso penal y los más recientes pronunciamientos del Tribunal Superior de Bogotá han llevado a modificar la estrategia de defensa.

“Ha quedado demostrado que en este caso nada está dicho porque todo cambia”, aclaró el abogado defensor del expresidente, quien ha reclamado el hecho que se le hubiera dado el valor de “imputación de cargos” a la indagatoria que rindió en octubre de 2018 el exmandatario ante la Corte Suprema de Justicia.

Pese a que no quiso anticipar qué testigos o pruebas documentales solicitarán para demostrar su teoría del caso en el juicio, el jurista sí fue claro al advertir que el país debe estar preparado y atento para lo que se va a anunciar en esas diligencias judiciales.

Mientras llega la fecha de la audiencia y se define si se aplaza o no la diligencia, queda pendiente la decisión sobre la apelación presentada contra el reconocimiento del exfiscal general Eduardo Montealegre, el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo y Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve.

La bancada de la defensa de Uribe sostiene que no cumplen con los requisitos y no se ha podido establecer las afectaciones que sufrieron con los hechos materia de investigación por presuntamente ordenar presionar a un grupo de testigos a que se retractaran de los señalamientos por presuntos vínculos con grupos paramilitares en Antioquia.