La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) vuelve a estar en el ojo del huracán por el caso de los pasaportes, esta vez por una grave denuncia que hizo la exdirectora de esa entidad Martha Lucía Zamora, y que obligó al actual director, Jhon Camargo, a dar explicaciones sobre un interrogatorio que le habría hecho antes de que se presentara en la Procuraduría para que presentara su testimonio en medio del proceso contra el canciller Leyva.

Uno de los pronunciamientos más contundentes que dio Camargo en su respuesta, se basó en que rechazaba “de manera categórica cualquier forma de intimidación contra funcionarios o exfuncionarios de esta u otra entidad del Estado”.

Pero todo empezó cuando, en horas de la mañana de este miércoles, antes de finalizar su testimonio en la Procuraduría por el proceso que se adelanta contra el suspendido ex canciller Álvaro Leyva, Zamora denunció una serie de “intimidaciones” que venía sufriendo por el actual director (e) de la Agencia, Jhon Camargo.

Según Martha Lucía Zamora, “de manera muy extraña, el actual director de la Agencia, Jhon Camargo, estando encargada la actual secretaría Jurídica de la Presidencia (Paula Robledo), me solicitaron que ampliara una información sobre mi informe final de gestión, en donde me hicieron una serie de preguntas que son absolutamente similares a las que me han hecho hoy en día del caso de la licitación de Thomas Greg”.

Durante dicha diligencia, la exdirectora Zamora señaló que ese interrogatorio que le llegó por medio de un oficio fue “inapropiado” pero que, además, le causó cierta “intimidación” sobre la gestión que ella realizó alrededor del proceso de los pasaportes.

Frente a esos graves señalamientos, salió horas más tarde el director encargado de la ANDJE, Jhon Camargo, quien confirmó que el pasado 28 de febrero le hicieron el requerimiento a Zamora para que ampliara su informe gestión en calidad de directora saliente de la entidad.

Pero explicó que la finalidad de dicha solicitud “era conocer, en mayor detalle, información relevantes para los objetivos de la Agencia, así como recopilar contextos adicionales que le aportaran a la defensa de los intereses de la Nación. Precisando que todos los servidores públicos están obligados a suministrar información por Ley.

“La solicitud de ampliación fue respetuosa, se ajustó plenamente al marco jurídico vigente y tuvo como único objetivo conocer en detalle información de relevancia pública en aras de mantener una coherencia institucional”, explicó el director (e) Camargo a través de un video.

Así mismo, explicó que la solicitud de ampliación no estuvo limitada a la participación de Martha Lucía Zamora en los comités de conciliación entre el Estado y Thomas Greg, o por la polémica licitación de los pasaportes, sino que se extendió a otros temas de su gestión como el entendimiento con los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.