La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 013-2023 para evidenciar la situación de riesgo y violación de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario que enfrentan los habitantes del municipio de Bagadó, en Chocó, debido a las acciones del grupo armado ilegal ELN.
En Bagadó, el Frente de Guerra Occidental Manuel Hernández del ELN ha aumentado su presencia y fortalecimiento en los últimos dos años, de acuerdo con la entidad.
La alerta detalla el riesgo al que se enfrenta la comunidad de Bagadó, incluyendo a comerciantes, el colectivo afrocolombiano del Consejo Comunitario de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato (Cocomopoca) y el resguardo indígena Tahami Alto Andágueda de la etnia embera katío.
La Defensoría del Pueblo encontró un aumento de amenazas e intimidaciones contra la población civil, así como extorsiones y la siembra de artefactos explosivos.
“Encontramos en la Defensoría del Pueblo que han aumentado las amenazas e intimidaciones contra líderes indígenas, comunidades afro y población civil, además de extorsiones a funcionarios, empresarios o comerciantes, y la siembra de artefactos explosivos. Esto aumenta el riesgo de desplazamientos forzados colectivos e individuales, y de confinamientos”, señaló el defensor del pueblo, Carlos Camargo.
Entre enero de 2020 y diciembre de 2022, 1.328 personas de esta región fueron incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV) por hechos relacionados con desplazamiento forzado, amenazas, delitos contra la libertad e integridad y desaparición.
El defensor del Pueblo hizo un llamado a las autoridades para que tomen medidas inmediatas.
“Hago un llamado a las autoridades para que de inmediato se tomen las acciones que permitan mitigar el riesgo de afectación a los derechos a la vida y la movilidad, para que estas comunidades no sean víctimas de desaparición forzada, homicidios selectivos, masacres, torturas, violencia sexual, desplazamiento, y que se evite el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes”, resaltó el defensor Camargo.
La Defensoría del Pueblo ha presentado 27 recomendaciones a autoridades civiles, militares e instituciones encargadas de la atención diferencial a comunidades, con el objetivo de garantizar los derechos y mitigar el riesgo de los habitantes de Bagadó.
De igual forma, el funcionario reiteró su llamado a los cabecillas del ELN para que muestren gestos reales de paz, respondan de manera positiva a la buena voluntad del Gobierno nacional, y haya avances en la mesa de negociaciones, evitando cualquier acción que ponga en peligro a la población civil.
Defensoría sobre el reclutamiento
La Defensoría de Pueblo ha sido enfática en que la población civil, especialmente los niños, deben mantenerse alejados de las actividades de los grupos armados. Por eso, instó al ELN y a los demás grupos armados ilegales a abstenerse de generar acciones que vinculen directamente a niños, niñas y adolescentes en el conflicto, ya que esto constituye una grave violación a sus derechos y contradice los postulados del Derecho Internacional Humanitario.
La Defensoría del Pueblo reiteró al Gobierno nacional la necesidad de seguir fortaleciendo entornos protectores para niños, niñas y adolescentes, a fin de evitar que sean víctimas de reclutamiento, uso y utilización por parte de grupos armados ilegales. “Es fundamental que se despliegue una oferta institucional en el territorio que permita disminuir este tipo de situaciones”, asegura la entidad.
En el mismo sentido, sobre lo que ocurrió en el Catatumbo, donde guerrilleros se fotografiaron con menores, la Defensoría aseguró que “se requiere que el Comité Departamental de Prevención del Reclutamiento brinde acompañamiento al Equipo de Acción Inmediata del Municipio, para que se activen las rutas de prevención y, de esta forma, evitar que niños, niñas y adolescentes de la zona sean víctimas de reclutamiento”.
La Defensoría del Pueblo advirtió que el ELN debe demostrar verdaderos gestos de paz en el marco de la mesa de diálogo que mantiene con el Gobierno nacional, en particular, cesar todas las acciones armadas. “Esto es necesario para garantizar que los derechos de los niños, niñas y adolescentes se respeten y protejan adecuadamente”, dijo.