Luego de que el Senado aprobara el Plan Nacional de Desarrollo (PND) propuesto por el gobierno de Gustavo Petro, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, expresó su preocupación por ciertos aspectos del PND que ahora se la juega en la Cámara de Representantes. Según el defensor, estos aspectos podrían tener un impacto directo en las poblaciones vulnerables, que deberían ser las más beneficiadas.
En cuanto a los efectos en la economía, Camargo Assis advirtió sobre la eliminación del subsidio energético para el estrato 3 y su reducción para los estratos 1 y 2, así como la posible eliminación del subsidio a la gasolina. Estas medidas podrían aumentar el costo de vida y restringir el acceso a bienes y servicios, especialmente para las personas más vulnerables.
“Frente a una situación de inflación y dificultades económicas como la que atraviesan miles de familias en Colombia, es fundamental revisar la impacto de medidas del Plan en sectores como el energético, en el que se eliminaría el subsidio para el estrato 3 y se reduciría para los estratos 1 y 2″, indicó el defensor Camargo.
Asimismo, afirmó que “si se elimina el subsidio a la gasolina se vería reflejado en el costo de vida y el acceso a los bienes y servicios de los ciudadanos, en consecuencia, el Plan terminaría agudizando las dificultades económicas y restringiendo los derechos de las personas más vulnerables”.
Camargo Assis también destacó la necesidad de revisar detenidamente una nueva modalidad de contratación pública que se propone en el PND llamada “alianzas público-populares”. Aunque se busca una mayor participación de las comunidades en los proyectos de desarrollo, para Camargo, no se garantiza la idoneidad de los contratistas. “Esto pone en riesgo la ejecución de los proyectos, y puede atentar contra los principios de transparencia y competencia de la contratación pública, además no garantiza que existan menores costos para el Estado”, aseguró el defensor.
El defensor del Pueblo también resaltó la importancia de implementar medidas afirmativas que fomenten el desarrollo de actividades generadoras de riqueza y bienestar para las comunidades. En ese sentido, se mencionó el impulso a proyectos viales y férreos, así como la consolidación de subsidios en un sistema unificado de transferencia.
Además, el defensor instó a priorizar recursos para las víctimas, argumentando que el PND no contempla medidas suficientes en este sentido. Hizo énfasis en la asignación presupuestal para programas de entrega de tierras a las víctimas, el fortalecimiento de programas de acceso al empleo y formación para los jóvenes, y la necesidad de ampliar la indemnización a todo el núcleo familiar en casos de reparación integral.
En el ámbito de la seguridad ciudadana y la justicia social, destacó la importancia de garantizar los derechos a la igualdad y no discriminación de las víctimas de desplazamiento forzado y migrantes forzados, así como la inclusión social en el Sistema Nacional de Reparación Integral a las Víctimas.
El defensor Camargo, por otra parte, aplaudió la exclusión del proyecto de ley de disposiciones relacionadas con la expropiación por utilidad, ya que considera que se requiere una ley específica y clara para definir las razones de utilidad pública o función social en casos concretos.
Otro tema importante que se debe revisar, según el funcionario público, son las facultades extraordinarias para el presidente de la República. “El cúmulo de tales facultades puede implicar, en principio, un vaciamiento de la competencia constitucional asignada al legislador, del debate democrático y de la intervención de las mayorías y minorías parlamentarias”, dijo.
“Esto podría generar una eventual ‘concentración de poderes’ en cabeza del Ejecutivo, lo cual resultaría incompatible con el principio democrático en el que se funda el Estado colombiano y con los principios constitucionales de separación de poderes, unidad de materia y reserva de ley”, enfatizó el funcionario.