Luego de que el presidente Gustavo Petro asegurara que no hay recursos suficientes para continuar con la implementación del acuerdo de paz firmado con las extintas Farc, y que sugiriera que “la emisión que hace el Banco de la República rutinariamente en vez de ir a los bancos debería ir en bonos para la indemnización de víctimas de la violencia en Colombia”, el defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis, se refirió al tema.
Para el defensor Camargo, alcanzar la paz requiere un “esfuerzo extraordinario” de todas las entidades y un compromiso presupuestal “responsable y organizado”. Aunque la Defensoría del Pueblo ha identificado algunos obstáculos en la implementación del acuerdo de paz, continúa brindando recomendaciones para superarlos.
El defensor del pueblo aprovechó este jueves 13 de abril para recodar que el acuerdo es “una obligación del Estado y un compromiso de las partes”.
“Considero necesario recordar que el acuerdo final de paz es una obligación del Estado y un compromiso de todas las partes. El nivel de implementación no ha sido el mismo en todos los puntos, pero no se puede concluir que hay una ausencia de voluntad en su puesta en marcha, con menor razón, si se tiene en cuenta que la ejecución está prevista a doce años”, señaló Camargo Assis.
En su informe más reciente, la Defensoría del Pueblo concluyó que se evidenció una ralentización en la implementación del acuerdo en el periodo julio-diciembre de 2022.
De acuerdo con la entidad, se observó un avance del 40 % en las iniciativas de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y se mantuvo la vinculación formal de 99.097 familias beneficiarias en el Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos. Sin embargo, no se conoce el porcentaje de avance del catastro multipropósito a diciembre pasado.
El defensor Camargo destacó que la adjudicación de tierras es una tarea compleja, y que la falta de coordinación, la ausencia de planes concretos y la identificación de fuentes de recursos son barreras para el cumplimiento de las obligaciones estatales en este sentido.
“Sabemos de la magnitud que implica la reparación integral y la adjudicación de tierras, aunque es necesario aclarar que el acuerdo no habla de comprar tres millones de hectáreas, sino de hacer un fondo con tierras que en parte pueden provenir de baldíos del Estado. Hemos visto que la principal barrera para el cumplimiento de esas obligaciones estatales está en la falta de coordinación, en la ausencia del diseño de planes concretos y en la identificación de las fuentes de recursos”, afirmó el defensor del Pueblo.
Carlos Camargo Assis enfatizó que la meta de la paz “no es inalcanzable, requiere de estrategias propositivas y novedosas. Cualquiera sea la salida, debe partir del respeto a la Constitución, al equilibrio de poderes y a la responsabilidad fiscal y económica para que sea una paz sostenible y acorde con nuestra institucionalidad”.
El defensor también envió su apoyo y solidaridad a todas las víctimas y agregó que “el Estado colombiano, en los últimos años, consolidó un importante proceso de planeación y, dado que ha habido más avances en unos aspectos que en otros, se requiere acelerar en la implementación de todos los puntos del acuerdo”.
La Defensoría del Pueblo aseguró que continuará monitoreando todos los esfuerzos que conduzcan al cumplimiento estricto del acuerdo, acompañando y evaluando las acciones del Estado y de las organizaciones comprometidas.
“En la apuesta del Gobierno nacional por alcanzar una paz total resulta fundamental cumplir con la implementación de los acuerdos con la extinta guerrilla de las Farc, dado que esto permitirá una mayor persuasión de los grupos armados ilegales que hoy podrían acogerse al proceso impulsado por el Gobierno, y lograr la consolidación del anhelo de paz que tenemos los colombianos”, puntualizó Carlos Camargo Assis.