La tragedia del naufragio de una embarcación de migrantes en Acandí, Chocó, podría tener una supuesta negligencia detrás. El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Asis, pidió a las autoridades averiguar si la estación de Guardacostas de Urabá tomó en cuenta las recomendaciones que había hecho la Defensoría días atrás.
Según el funcionario, la Defensoría del Pueblo había solicitado a la estación de Guardacostas de Urabá que se reforzaran las medidas de control, especialmente por las embarcaciones ilegales que salen a la madrugada para atravesar el Golfo de Urabá.
Por lo anterior, solicitó a las autoridades investigar las posibles omisiones que se pudieron cometer en ese sentido y tomar las medidas, para evitar que se repitan hechos similares.
A través de la regional Urabá Darién de la entidad, se conoció que en el naufragio han sido rescatadas 21 personas, cinco de ellas menores de edad. Además, han aparecido los cuerpos sin vida de tres mujeres adultas, dos de Haití y una de Cuba. Por el momento, hay cinco desaparecidos, incluyendo tres niños. Estas personas habrían salido desde Necoclí, en el departamento de Antioquia, con destino al archipiélago de San Blas en Panamá.
“Son, precisamente, los niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas y madres lactantes con bebés, los principales afectados por esta crisis migratoria”, resaltó Camargo Asis.
Por cuenta de la crisis migratoria que no es nueva en la región, Camargo convocó a más de veinte defensores del Pueblo de la región iberoamericana e instituciones de derechos humanos, para reunirse en Colombia.
“Vamos a trabajar juntos, para buscar que los gobiernos de los distintos países adopten medidas urgentes que garanticen que la migración sea legal, segura, ordenada y ante todo, humana”, puntualizó.
Aproximadamente, según cifras de Migración Colombia, al menos 3.250 migrantes salen desde el Urabá antioqueño hacia Panamá, todas las semanas.
Los gobiernos de Colombia y Panamá acordaron en agosto el paso máximo de 650 migrantes atravesando hacia el segundo desde el primero, todos los días. Posteriormente, debía disminuir a 500 a partir del 11 de septiembre.
El Gobierno de Panamá, sin embargo, ha cuestionado a Colombia por estar incumpliendo con lo acordado y estar permitiendo que se sobrepasen esos números, a lo que el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, respondió que el país no puede ocuparse solo de una migración que ni se origina, ni tampoco tiene como destino final este territorio.
Si bien la Defensoría del Pueblo ha corroborado que las empresas de transporte marítimo venden el número establecido, hay un número indeterminado de personas que cruzan el Golfo de Urabá en embarcaciones irregulares, especialmente en horas de la madrugada, como sucedió este lunes en la noche.
La mayoría de los migrantes son haitianos, pero también algunas son familias mixtas de origen brasileño y chileno. Por lo anterior es que el Gobierno nacional ha insistido en que no es una crisis que pueda resolverse con el trabajo de uno o dos países, sino que debe haber mayor cooperación.
Los acontecimientos coinciden con la publicación de un informe de Unicef sobre los 19 mil niños y niñas migrantes que cruzaron la selva del Darién, entre Colombia y Panamá en su ruta hacia Estados Unidos. Se trata de una cantidad máxima histórica, que refleja la gravedad de la crisis.