La semana pasada, la ministra de Educación, Aurora Vergara, radicó ante el Congreso de la República la reforma a la educación, la cual ha generado polémica en la academia. Se trata de una iniciativa con un total de 36 artículos, con los cuales el Gobierno Petro busca garantizar el acceso a la educación de la población en el país, y la cual ha suscitado cuestionamientos.
Ante esto, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Gobierno nacional para que considere la importancia de establecer un sistema de educación posmedia, que refleje la colaboración de actores públicos y privados en el ámbito educativo. Esta petición se produce después de que el Ministerio de Educación radicara en la Cámara de Representantes el proyecto de ley estatutaria de educación.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, destacó la relevancia de involucrar a “todos los actores” para garantizar el derecho a la educación y evitar posibles retrocesos en el acceso a una educación de calidad.
“Todos estos actores desempeñan un papel fundamental en la garantía progresiva del derecho a la educación y en la prevención de posibles retrocesos en el acceso a la educación de calidad. Reiteramos nuestra postura de promover el pluralismo educativo”, señaló el defensor del Pueblo.
Camargo Assis también subrayó la importancia de que las metodologías y procesos educativos sean pertinentes y adecuados a la comunidad y su contexto regional y cultural, siempre respetando los derechos humanos y los sistemas educativos propios.
“Las instituciones privadas complementan las ofertas del sector público, enriqueciendo el sistema educativo y beneficiando a los estudiantes y a la sociedad en su conjunto, es por esto que cualquier medida hacia las instituciones privadas debe garantizar la diversidad educativa”, añadió.
Además, hizo hincapié en la necesidad de preservar la diversidad educativa en el país, destacando que las instituciones privadas complementan las ofertas del sector público y enriquecen el sistema educativo. “Cualquier medida hacia las instituciones privadas debe garantizar la diversidad educativa”, enfatizó Camargo Assis.
Para el funcionario, el proyecto de ley estatutaria de educación recién radicado en el Legislativo “debe apuntarle a una formación integral inclusiva, pluralista, equitativa y con calidad, como parte de la garantía del derecho fundamental de la educación, y que aplique en todos sus niveles; es decir, desde las primeras edades hasta la formación plena profesional”.
Otro aspecto crucial mencionado por el defensor del Pueblo es la materialización del derecho a la educación con calidad en las zonas rurales de Colombia, así como la garantía de la idoneidad académica, ética y pedagógica de los docentes, su dignificación, profesionalización y formación integral. Enfatizó la necesidad de ofrecer estímulos al cuerpo docente para asegurar una educación de calidad en todos los territorios del país.
La Defensoría del Pueblo, a través de su Delegada para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aseguró que promoverá “diálogos abiertos, democráticos y participativos” para recoger las perspectivas de diversos sectores sobre el proyecto gubernamental. Estas mesas de diálogo analizarán sus fortalezas y debilidades.
“La participación activa y el diálogo son esenciales para lograr un sistema educativo de calidad que beneficie a la sociedad en su conjunto. En razón a ello, continuaremos comprometidos en aportar de manera constructiva para que el derecho fundamental a la educación sea garantizado”, recalcó el funcionario.
Educación para “la paz y la reconciliación”
Dentro del articulado, uno llama especial atención por sus aparentes vacíos para su implementación: el artículo 31, que establece una “educación para la paz y la reconciliación”.
“Con el propósito de fortalecer la democracia y la paz, en el marco del derecho a la educación, se debe garantizar a todas las personas la formación ciudadana, socioemocional y para la reconciliación”, se lee.
Y se específica: “El desarrollo de capacidades ciudadanas incluye la formación de la identidad en la diversidad, reconociendo la nación mestiza, las comunidades campesinas, indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, y las personas migrantes; el respeto por la dignidad humana y los derechos de las personas; la lucha contra la discriminación por sexo, género, raza, religión, origen u opinión política; la valoración de la vida de todos los seres de la naturaleza, la acción climática y la sostenibilidad ambiental; la conciencia y autonomía del propio cuerpo y la sexualidad, y las capacidades para la participación social y política en lo local, nacional y global”.
De igual modo, establece que “para cumplir este fin se articularán los esfuerzos del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, el Sistema de Seguridad Social en Salud, las instituciones de la paz, las víctimas, los derechos humanos, la seguridad y la justicia y el Sistema Educativo, en todos sus niveles territoriales y entidades involucradas”.