La situación de orden público en Arauca se ha tornado compleja. Las disidencias de las Farc y el ELN –con las que el Gobierno se volvió a sentar para negociar en Venezuela– están enfrentados y en medio ha quedado la población civil, que ha sufrido los embates de la violencia.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, hizo un llamado al Gobierno nacional para que adelante gestiones para frenar la escalada violenta y proteger a las comunidades.
“Ante la alarmante persistencia del conflicto armado en Arauca, la Defensoría del Pueblo exige a las autoridades locales y nacionales la implementación urgente de medidas para salvaguardar los derechos humanos de las comunidades afectadas”, pidió Marín.
La defensora del Pueblo dijo que esta arremetida se debe a una confrontación que se está registrando entre las guerrillas del ELN y las disidencias de las Farc, lo que ha generado un aumento en los homicidios, desplazamientos y violaciones de los derechos humanos de las poblaciones.
“Eso incluye la desprotección de líderes sociales y miembros de comunidades educativas”, reclamó Marín.
Además, dijo que en lo que va del año, se ha documentado el asesinato de 146 personas en el departamento, entre las que se incluyen 18 líderes sociales. “Lo que evidencia un contexto de violencia inaceptable”, criticó.
Precisamente, este primero de noviembre se registró el asesinato del líder social y defensor de derechos humanos de Tame, Alberto Caicedo.
Según Marín, esta situación se agrava en 14 veredas y 3 resguardos indígenas ubicados en Tame, así como 21 veredas y 3 resguardos en Arauquita y en Puerto Rondón, donde las comunidades se están viendo obligadas a abandonar sus tierras y los proyectos productivos que han desarrollado allí. La defensora del Pueblo afirmó que esto impacta gravemente el sustento y la calidad de vida de la población.
“La defensoría del Pueblo hace un llamado una vez más para que cesen sus acciones violentas y cumplan con el principio del derecho internacional humanitario. Es su obligación hacerlo”, solicitó la funcionaria.
La funcionaria hizo un llamado para que se pueda desescalar la violencia y se promueva un entorno de respeto y protección de las comunidades.
“Insto a las autoridades locales, departamentales y nacionales a implementar de manera inmediata las medidas de prevención y atención necesarias de la población civil. La institucionalidad debe garantizar la seguridad y justicia para los habitantes de Arauca, reconociendo las graves violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo”, afirmó Marín.
El pasado 31 de octubre el comandante del frente 38 del Estado Mayor Central (disidencias de las Farc), alias Antonio Medina, publicó un video en el que amenaza a políticos, periodistas y hasta a la población civil diciéndoles que se tienen que ir del departamento.
“Hemos agotado todas las vías para hablar con el ELN, para evitar más derramamiento de sangre de personas culpables o inocentes. Es por eso que no nos queda otra salida, sino declararle la guerra por primera vez e irnos a una confrontación militar. Atacaremos su ala militar, los apoyos financieros, la parte política, organizativa y de masas”, aseguró el comandante guerrillero.