Carlos Camargo, defensor del Pueblo de Colombia, y Eduardo Leblanc González, defensor del Pueblo de Panamá, enviaron una carta a las cancillerías de ambos países refiriéndose a la crisis migratoria que se ha acrecentado durante los últimos días. En la misiva resaltan que el drama que viven las miles de personas que intentan cruzar de un país a otro, en su camino hacia Norteamérica, está “llegando a niveles de lo inhumano”. Puntualmente, se refirieron al naufragio en Urabá y sus sobrevivientes.

La carta, firmada por ambos funcionarios públicos, va dirigida a Erika Mouynes, canciller panameña, y a Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta y canciller de Colombia. En esta, ambos resaltan el naufragio de un navío ilegal el pasado 10 de octubre en horas de la noche en el Golfo de Urabá, en el que se transportaban migrantes haitianos y venezolanos, las dos nacionalidades que representan el mayor flujo migratorio que pasa por Colombia.

Los migrantes sobrevivientes temen por su seguridad ahora, ya que dieron información a las autoridades sobre los traficantes ilegales responsables de la embarcación, según resalta la misiva. “Durante más de 18 horas a la deriva, 21 personas lograron sobrevivir pero vieron como morían en sus brazos algunos de sus familiares. Al momento hay tres cadáveres y seis personas desaparecidas. Las huellas de las horas del naufragio están en sus cuerpos: quemaduras, irritaciones y cortes, además de las cicatrices emocionales. La mayoría perdió su dinero, sus bienes y sus pasaportes, y permanecen en Acandí con el acompañamiento humanitario”, ilustra el documento.

Debido a lo anterior, Camargo y su homólogo les solicitan a las cancilleres, por medio del documento, que se construya una vía humanitaria exprés entre Colombia y Panamá para las 21 personas sobrevivientes. Así, pretenden que puedan llegar por vía marítima al puerto de Panamá, para continuar su viaje hacia el norte sin dificultades y los problemas que implica atravesar el llamado Tapón del Darién. De lo contrario, podrían quedar expuestos a las organizaciones criminales de traficantes migrantes que no tienen otro objetivo más que “sacarle provecho económico a este drama humano”.

Con lo anterior, los funcionarios también aprovechan para resaltar que por cientos de migrantes no alcanzan a uno de los 500 cupos que a diario se habilitan como cuotas de personas que pueden pasar la frontera a diario.

“Ellos y sus familiares y amigos muertos y desaparecidos simbolizan el drama de una población que requiere de nuestro concurso para lograr una migración segura y ordenada, pero sobre todo más humana”, añaden, con respecto a los sobrevivientes del naufragio.

A partir de dicho caso dramático que impactó a toda la región, las defensorías resaltan que es “urgente concretar un puente humanitario permanente entre los dos países para que la población migrante con mayor riesgo de vulneración de sus derechos no tengan que enfrentar las dificultades del paso selvático por el Tapón del Darién”.

Con todo, señalan que este no es un problema que le incumba únicamente a los países por donde circulan los migrantes y por esta razón llamaron a los miembros de los países de origen y de destino de la migración para que se unan y trabajen de la mano para combatir la crisis humanitaria.

“Sea esta la oportunidad para reiterarles a las cancillerías de Panamá y Colombia la urgente necesidad de flexibilizar estas medidas y permitir que todos os migrantes sigan su tránsito en el marco del respeto por el derecho internacional de los derechos humanos y los acuerdos firmados por los Estados”, concluye la carta.

A propósito, este miércoles se inició el Encuentro Internacional de Defensores del Pueblo que reúne a más de veinte defensores de todo el mundo. El tema principal es la migración y el refugio. La meta es sentar las bases para el trabajo en cooperación para solventar la crisis en la que Colombia es uno de los países protagonistas.