La violencia sexual contra menores de edad es una problemática alarmante que requiere una respuesta estatal efectiva y articulada, pero actualmente hay una falta de coordinación entre entidades y una revictimización en la atención a las víctimas, así lo revela un informe presentado por la Defensoría del Pueblo titulado: ‘Violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en Colombia: análisis de la respuesta estatal’.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, destacó la gravedad de la situación durante su intervención en Antioquia, donde informó que cada hora se realizan dos exámenes médico legales por presunto abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes en el país. En el primer trimestre de 2023, se llevaron a cabo 5.550 exámenes de este tipo por presunto delito sexual, siendo el 79% de los casos (4.417 casos) relacionados con menores de edad.
El informe revela que el 78% de los casos de violencia sexual ocurren en el entorno familiar, y en el 50% de las ocasiones los agresores son familiares o personas cercanas al núcleo familiar. Además, el 43% de las agresiones suceden durante actividades cotidianas relacionadas con el cuidado. El defensor del Pueblo resaltó la deficiencia de la respuesta estatal y su propensión a la revictimización.
De igual forma, Carlos Camargo expresó su preocupación por la falta de seguridad de los niños y niñas en sus entornos familiares, así como por la revictimización que sufren al ingresar al sistema de atención y restablecimiento de sus derechos.
“Esta es una situación realmente grave y alarmante. El informe defensorial que presentamos hoy pone la lupa sobre la situación y contiene 21 recomendaciones para cada una de las entidades encargadas del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, para sus familias y para la sociedad en general”, señaló el defensor Camargo.
El funcionario también aseguró que “se están presentando múltiples obstáculos en el acceso y el respeto a la dignidad de las víctimas en la activación de la ruta de atención”.
“En muchos casos se produce revictimización y falta de empatía por parte de los funcionarios y funcionarias al abordar este tipo de situaciones, así como estereotipos de género que dificultan la identificación temprana de casos. La ruta de atención debe ser diferenciada y comprender el entorno del cual provienen las víctimas para asegurar el éxito del proceso de reparación que se inicia en cada caso”, añadió.
En lo que va de 2023, la Defensoría del Pueblo ha representado a 3.283 niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales. Se han atendido casos de acto sexual y acceso carnal con menores de 14 años, así como casos de acceso carnal y acto sexual violento.
Por esto, la Defensoría hace un llamado para que el sistema judicial priorice estos casos y se fortalezcan las redes de apoyo y la ruta de atención, garantizando el acceso a la justicia y el restablecimiento de los derechos de las víctimas.
Defensoría sobre reclutamiento infantil
Por otra parte, el defensor del Pueblo advirtió, en abril pasado, a la ONU sobre el aumento del reclutamiento infantil en el país, con especial preocupación por las comunidades étnicas y las zonas rurales.
Durante el primer trimestre de 2023, la Defensoría del Pueblo identificó 23 casos de reclutamiento de menores de edad, 13 de ellos corresponden a niños y adolescentes, y los 10 restantes a niñas y adolescentes, con edades comprendidas entre los 13 y 17 años. Estos casos se distribuyeron de la siguiente manera: 16, en el departamento del Cauca; 4, en Amazonas; 2, en Antioquia; y 1, en Arauca.
En comparación con el mismo período del año anterior, se reportó un aumento del 53,3% en el número de casos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Esto refleja el incremento de la presencia de grupos armados ilegales y su control territorial y social.
El Defensor del Pueblo resaltó que las comunidades étnicas y los habitantes de zonas rurales son los más afectados por esta situación.
“Preocupa que la mayor afectación se presenta entre las comunidades étnicas y pobladores de las zonas rurales y rurales dispersas, donde la presencia institucional es escasa y las rutas de atención no cuentan con enfoque diferencial. Por tal razón, mi llamado es a fortalecer los recursos financieros y de personal, la respuesta institucional, que haya una mayor capacitación, mejores equipos tecnológicos y más funcionarios competentes; en especial, que sea promovida la oferta social y educativa como una medida para prevenir la ocurrencia de estos hechos”, enfatizó Camargo Assis.