Una nueva alerta temprana de la Defensoría del Pueblo cobija a las poblaciones del norte del Cauca ante el inminente riesgo al que están sometidas por los enfrentamientos de los ilegales. De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio Público, las víctimas visibles son las comunidades indígenas y afrodescendientes.
La Segunda Marquetalia, en asocio con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), están enfrentados a muerte con las disidencias de las Farc por el control del territorio. Los derechos de los civiles están en medio de las balas y las acciones delincuenciales que se cometen en los municipios de Santander de Quilichao, Buenos Aires y Caldono.
Con base en el reporte, las disidencias, por medio de sus columnas móviles Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, buscan mantener el poder de sus actividades ilegales. A la par, le ponen freno a la expansión de los otros dos grupos armados que tienen la intención de acaparar más terrenos para sostener sus economías ilícitas.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, reconoció que las tierras del norte del Cauca resultan estratégicas para estas organizaciones porque existen corredores que facilitan el tránsito del narcotráfico. Además, su extensa selva sirve para esconder los cultivos ilegales y los laboratorios para el procesamiento de pasta de base de coca.
“Ante el inminente riesgo de vulneración de los derechos en el norte del Cauca, desde la Defensoría del Pueblo emitimos 22 recomendaciones que buscan el fortalecimiento institucional y coordinar una respuesta rápida de disuasión de la amenaza desde un enfoque de derechos humanos y la protección a las comunidades”, dijo Camargo.
Entre los riesgos aparecen altas probabilidades de homicidios, desplazamientos masivos, confinamientos, restricciones a la movilidad, reclutamiento forzado y hostigamientos. Por ejemplo, en los primeros siete meses de 2022, en las tres poblaciones murieron violentamente siete líderes sociales, según el Ministerio Público.
“Hacemos un llamado a estos grupos armados ilegales para que detengan su accionar y dejen por fuera de sus confrontaciones a la población civil, especialmente a las comunidades indígenas y afro que allí habitan. Es momento de que los grupos armados ilegales les brinden a las comunidades de esta región del país verdaderos gestos de paz”, concluyó el funcionario.
Lo mismo pidió el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, luego de se reportara el secuestro de dos líderes sociales en el departamento de Antioquia. El mensaje emitido desde la Casa de Nariño vincula directamente al Clan del Golfo porque son los presuntos responsables de la retención ilegal que terminó con la vida de un de los activistas.
De acuerdo con la información suministrada por los habitantes de la vereda El Carmen de esta población del nordeste antioqueño, la pareja de esposos iba de regreso a su casa cuando fueron detenidos en un retén ilegal de esa organización armada. Horas después, apareció el cadáver de Lenin Guerra Castro sobre la carretera donde se pasea las AGC.
“Apelamos a las AGC, a quienes se atribuye por fuentes locales la comisión de este daño irreparable y delitos contra la vida y la libertad, a actuar en coherencia con su anuncio público de un cese de fuegos desde el pasado 7 de agosto”, hecho oficial por medio de un comunicado que marcaron con el cruce de armas que los identifica.
El alto comisionado para la Paz también lanzó un ultimátum donde planteó que pueden ser parte de la propuesta de país siempre y cuando se respeten los derechos de las víctimas y las garantías jurídicas para sus vidas. Finalmente, les pidió que consideren los clamores que emiten las personas que padecen su conducta criminal.
“La generosidad de los habitantes territoriales de priorizar el diálogo para buscar salidas a las violencias es su clamor, escuchen. La voz de ellas es el faro de la paz total, nunca ignores esa voz, en el breve tiempo que la vida nos concede para construir un país diferente, de alegría, libertades, oportunidades para todos y todas”, afirmó el Gobierno.