La Defensoría del Pueblo realizó un llamado a las entidades nacionales y departamentales para que tomen medidas inmediatas frente a la situación de confinamiento que enfrentan alrededor de 5.000 habitantes del casco urbano de Nóvita, Chocó, y aproximadamente 600 personas que se vieron obligadas a abandonar sus hogares en las zonas rurales debido a enfrentamientos armados entre el ELN y el Clan del Golfo.
El confinamiento es resultado del paro armado decretado por el ELN en Nóvita y sus alrededores el pasado 27 de mayo, lo que ha impedido el transporte de caravanas con asistencia humanitaria hacia las personas desplazadas y aquellos que se refugian en el casco urbano, donde las familias locales han brindado alojamiento temporal a aquellos que tuvieron que abandonar sus pertenencias.
“El trabajo interinstitucional debe verse reflejado a la mayor brevedad en beneficio de las cerca de 5600 personas que están confinadas en este momento en Nóvita. No hay transporte fluvial ni terrestre. Es un llamado urgente que la Defensoría del Pueblo hace para que sean protegidos y garantizados los derechos a la alimentación, al agua potable, a la libre movilidad, a la salud y a la vida de las personas que están en unas condiciones que se están tornando lamentables”, indicó la entidad por medio de un comunicado.
Para hacerle frente a la problemática, la Defensoría del Pueblo está colaborando con otras entidades en acciones conjuntas para establecer un corredor humanitario que permita llevar la ayuda necesaria a Nóvita. “Es imperativo contar con ese paso, la población civil no puede seguir siendo afectada por el accionar indiscriminado de los actores armados ilegales”, añadió.
La situación se agrava aún más debido al colapso de un puente vehicular en el municipio de Río Iró hace más de 20 días. La estructura permanece en estado de colapso y aún no se han iniciado las reparaciones, sin que hasta el momento haya respuesta de las entidades competentes, advierte la Defensoría.
La entidad también solicitó la protección de viviendas y pertenencias de aquellos que tuvieron que abandonarlo todo para resguardar su integridad y vida ante los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo.
Además, hizo un llamado al Gobierno nacional y a las fuerzas de seguridad para garantizar la libre movilidad en la región de San Juan, en la zona centro-sur del departamento de Chocó.
Por último, la Defensoría del Pueblo recordó que los eventos masivos de desplazamiento y confinamiento “van en contravía del Derecho Internacional Humanitario y no aportan a la construcción de paz en el país. La entidad llama al ELN para que le ponga fin al paro decretado hace unos días, a que avance en la búsqueda de la paz con hechos que en ningún caso pongan en riesgo a la población civil”.
Alarmantes cifras de desplazamiento forzado
Por otra parte, la Defensoría reveló un preocupante informe sobre los desplazamientos forzados ocurridos en el país durante los primeros cinco meses del año en curso. Según el reporte, se registraron 43 desplazamientos entre enero y mayo, afectando a un total de 6.081 familias, lo que equivale a 15.437 personas.
El informe destacó que los departamentos del Pacífico son los que presentan la mayor cantidad de eventos masivos de desplazamiento en el territorio nacional. Nariño encabeza la lista con 17 desplazamientos, seguido por Valle del Cauca, con diez; Chocó, con cuatro, y Cauca, con tres eventos. Caquetá, Bolívar, Arauca, Norte de Santander, Vichada, Vaupés, Antioquia, Meta y Córdoba registraron cada uno un evento de desplazamiento.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, hizo hincapié en la necesidad de que los grupos armados ilegales cesen sus acciones bélicas contra la población civil, enfatizando la importancia de avanzar hacia la paz total que busca el Gobierno nacional.
Los enfrentamientos entre grupos armados son la principal causa de los desplazamientos, con 25 de los 43 eventos registrados, según el informe de la entidad. Le siguen las amenazas con ocho casos, y los homicidios y la presencia de grupos armados en los territorios, cada uno con cuatro eventos.
“Cuando hay un desplazamiento forzado de la población no solo genera miedo y zozobra en las comunidades, también afecta los derechos a la alimentación, la vivienda digna, al trabajo, a la educación, y pone en una condición de vulnerabilidad a las comunidades que lo padecen”, aseguró el defensor Camargo.
Ante esta preocupante situación, el defensor del Pueblo hizo un llamado a los candidatos a las alcaldías y gobernaciones, de cara a las próximas elecciones regionales en octubre, para que incluyan en sus programas de gobierno partidas presupuestales que permitan brindar una atención digna e inmediata a las personas y familias víctimas del desplazamiento forzado.