La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la posible vulneración de los derechos fundamentales de los colombianos con la actualización del Registro Social de Hogares (RSH) y la clasificación de hogares mediante el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén).
Según la Defensoría, basada en un análisis del Departamento Nacional de Planeación (DNP) sobre esta actualización, se ha observado que 20,8 millones de personas, equivalentes al 60% del total del Sisbén, han visto impactada su información por la nueva categorización.
De especial preocupación es el hecho de que 1,7 millones de beneficiarios de programas de transferencias puedan perder su condición de beneficiarios sin que haya cambiado realmente su situación.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, señaló que este proceso de actualización está produciendo una recategorización de los hogares, donde 732.740 hogares han salido de la clasificación de pobreza extrema, lo que equivale a una disminución del 17,8%, y 446.141 hogares han sido reclasificados desde la pobreza moderada, una variación del 8,8%.
Sin embargo, le preocupa a la Defensoría el hecho de que 615.526 hogares hayan sido cambiados a la categoría de vulnerables, lo que supone un aumento del 19,7%, y se observa un incremento del 4,2% en el grupo de no pobres y no vulnerables, que añade 63.355 hogares a esta clasificación.
Este reajuste en la categorización podría significar, según la entidad, que hogares anteriormente considerados en situación de pobreza ahora pueden estar excluidos de los beneficios, pese a que sus condiciones de vida no hayan experimentado una mejora sustancial.
“El reajuste en la categorización podría significar que hogares anteriormente considerados como en situación de pobreza, los cuales, por ende, tenían acceso a programas de apoyo y subsidios estatales, ahora pueden estar excluidos de los beneficios, pese a que sus condiciones de vida no hayan experimentado una mejora sustancial que justifique su salida de los programas de asistencia”, indicó el defensor Camargo Assis.
Si bien la actualización metodológica busca una identificación más precisa de las necesidades de los hogares, aclara el defensor que “la reubicación de hogares en categorías superiores puede conllevar una exclusión de beneficios esenciales, poniendo en riesgo el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales, entre ellos el derecho al mínimo vital”.
Las recomendaciones de la Defensoría sobre el Sisbén
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo hizo cuatro recomendaciones al Gobierno nacional para “realice la implementación, con un tiempo razonable, de manera que se proteja a los hogares de una transición abrupta, que podría despojarlos del acceso a servicios básicos”.
- Establecer mecanismos de seguimiento para evaluar el impacto real de la recategorización en las condiciones de vida de los hogares afectados.
- Implementar políticas de transición para asegurar que ningún hogar pierda acceso a los programas sociales de manera repentina, especialmente aquellos que dependen de esos programas para satisfacer sus necesidades básicas.
- Garantizar un sistema de apelación eficiente y accesible para los hogares que han sido reubicados en categorías que no reflejan su realidad socioeconómica, permitiéndoles solicitar una revisión de su clasificación.
- Realizar campañas de información amplia y efectiva para que los hogares conozcan los cambios, las implicaciones de su nueva clasificación y los pasos a seguir en caso de que requieran apoyo o revisión.
El defensor Camargo también instó al DNP y a las entidades gubernamentales a considerar las “consecuencias humanas y económicas” de las actualizaciones en ambos sistemas.
“Instamos al Departamento Nacional de Planeación y a las entidades gubernamentales involucradas a considerar las consecuencias humanas y económicas de las actualizaciones en los sistemas de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales, como también, a actuar con la diligencia debida para mitigar cualquier posible afectación adversa que se pueda generar”, enfatizó Camargo Assis.
Y agregó: “Las medidas adoptadas contra la pobreza y la inequidad deben ser una prioridad constante, por lo que no deben verse comprometidas con cambios que, aunque bien intencionados, tendrían el potencial de excluir indebidamente a los ciudadanos de los apoyos que legítimamente necesitan”.