La Defensoría del Pueblo llevó a cabo una visita de verificación de garantías de derechos y situación humanitaria en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, ubicada en la localidad de Los Mártires, y encontró condiciones alarmantes. Según el informe presentado, más de 1.500 indígenas se encuentran en situación de hacinamiento y las instalaciones físicas están en condiciones precarias.
El equipo conjunto de la Defensoría del Pueblo, conformado por la delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana, la delegada para la Infancia, la Juventud y la Vejez, y la Regional Bogotá, constató que no hay suministro de agua potable, los baños presentan filtraciones y no cumplen con las condiciones mínimas de salubridad. Además, “el lugar está infestado de moscas y cucarachas, plaga generadora de diversas enfermedades que pone en riesgo la salud humana”.
La situación de salubridad ha llegado a un punto crítico, ya que se reportó el fallecimiento de un bebé de 90 días de nacido el pasado viernes 26 de mayo, a causa de una afección respiratoria. Según las autoridades indígenas que residen en el albergue temporal, en lo que va del año 2023 han muerto 31 niños menores de cinco años y nueve adultos.
Además, la Defensoría del Pueblo advirtió que la alimentación suministrada por la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas a las personas que permanecen en La Rioja “no cuenta con un enfoque diferencial étnico”, lo cual es una preocupación adicional en términos de garantizar los derechos de esta población.
Ante el cierre del albergue temporal decretado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, basado en argumentos de seguridad sanitaria, la Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a las autoridades nacionales y distritales competentes para que tomen medidas que permitan el retorno de las comunidades Embera Katío y Embera Chamí a su territorio de origen en Risaralda. Asimismo, la entidad instó a las autoridades a atender las necesidades de esta población y garantizar plenamente sus derechos.
Por su parte, la Personería de Bogotá insistió en solicitar la efectiva articulación entre el Gobierno nacional y la Alcaldía Mayor de Bogotá para que atiendan y protejan los derechos con enfoque diferencial étnico de los niños, niñas, jóvenes, mujeres y personas mayores, entre otros.
Mediante un comunicado a la alcaldesa Claudia López y al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, la entidad distrital expuso la delicada problemática en salud.
La comunicación advirtió el continuo seguimiento que viene haciendo la entidad a esta situación y los reiterados llamados para que se adopten medidas y acciones urgentes concretas para garantizar la vida digna esta población.
En la carta enviada a la alcaldesa Claudia López, se solicitó “su intervención para lograr la reubicación o el retorno definitivo a sus territorios, protegiendo su voluntad, autonomía, usos y costumbres”. Cabe recordar que, luego de firmar un acuerdo, salieron del Parque Nacional a La Rioja.
El Ministerio Público distrital se refiere de manera especial al derecho a la salud integral de los indígenas en La Rioja, situación que ya había sido notificada el pasado 21 de marzo.
Haciendo énfasis al principio de colaboración armónica entre las entidades del Estado, la Personería de Bogotá comunicó al Ministerio del Interior la grave situación que se enfrenta y solicita un mayor despliegue de las capacidades institucionales que protejan a esta población indígena, “para atender la situación de emergencia sanitaria, salubridad pública, salud integral e higiene unido a la necesidad de preservar la vivienda digna con enfoque diferencial étnico”.
De igual modo, la Personería “solicita se establezca una mejor y mayor articulación interinstitucional que efectivice la atención que requiere de manera urgente estos sujetos de especial protección constitucional, que hoy se encuentran en condiciones de vulnerabilidad manifiesta”.