A partir de este 22 de agosto, la Defensoría del Pueblo puso en funcionamiento su ‘Unidad Móvil’ como parte de la estrategia ‘Defensoría en tu comunidad’. Con el propósito de ampliar la cobertura de atención, esta iniciativa tiene como objetivo llevar los servicios defensoriales a zonas de difícil acceso en todo el territorio nacional.
De acuerdo con la Defensoría, la ‘Unidad Móvil’ permitirá llevar la oferta institucional de la entidad a lugares que tradicionalmente han tenido dificultades para acceder a los servicios de atención integral y especializada. La estrategia busca “acercar estos servicios a la ciudadanía y especialmente a las poblaciones más vulnerables”.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, resaltó la importancia de esta iniciativa y mencionó el apoyo y financiamiento brindado por la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos, que se une como aliado estratégico para promover los derechos humanos, la justicia y la presencia del Estado en áreas rurales y de difícil acceso.
“Nuestro objetivo es acercar los servicios defensoriales de atención de manera integral y especializada, de cara a los requerimientos de la ciudadanía y las poblaciones más vulnerables. De la misma forma, cuenta con el apoyo y financiamiento de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos, nuestro aliado estratégico que se une para continuar apoyando a Colombia en sus esfuerzos por promover los derechos humanos, la justicia y la presencia del Estado en zonas rurales y de difícil acceso”, dijo el defensor Camargo.
La ‘Unidad Móvil’ trabajará en colaboración con las Regionales, Direcciones y Delegadas de la Defensoría del Pueblo. Su recorrido se iniciará en el departamento del Magdalena y posteriormente visitará Cundinamarca, Nariño, Córdoba, Norte de Santander, Sucre, Antioquia, Cauca y Chocó.
La estrategia ‘Defensoría en tu comunidad’ brindará diversos servicios:
- Jurídico: A través de defensores públicos de la Dirección Nacional de Defensoría Pública y las Defensorías del Pueblo Regionales.
- Salud: En coordinación con las secretarías de Salud municipales o departamentales y entidades promotoras de salud (EPS).
- Atención y trámite: Recepción y registro de peticiones en el aplicativo descentralizado ‘Visión Web’.
- Enfoque diferencial: En los casos con poblaciones específicas, se brinda atención especializada a través de las Defensorías Delegadas.
De acuerdo con la entidad, a lo largo del año, la estrategia ha atendido cerca de 12. 600 solicitudes. La Defensoría del Pueblo ha contado con el apoyo y la colaboración de diversas entidades estatales, incluyendo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Unidad para las Víctimas, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Superintendencia Nacional de Salud, Migración Colombia, gobernaciones, alcaldías y entidades municipales, entre otras.
Precisamente, este lanzamiento se da luego de que la Comisión de Seguimiento y Monitoreo de la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011) diera a conocer su décimo informe de seguimiento y monitoreo sobre la ejecución de esta legislación ante el Congreso de la República.
Este reporte, producto de la labor conjunta entre la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas y representantes de los pueblos étnicos, destacó la apremiante necesidad de una coordinación efectiva entre las entidades gubernamentales involucradas en el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) para asegurar el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas.
Uno de los puntos destacados en el informe es la demanda urgente de alrededor de $ 252,4 billones entre los años 2023 y 2031 para garantizar la implementación de medidas de asistencia, atención y reparación destinadas a las más de nueve millones de víctimas del conflicto armado en Colombia.
Sin embargo, un desafío crítico que la Comisión subrayó es la subutilización de los recursos por parte de algunas entidades responsables. Durante el año 2022, de acuerdo con la Comisión, se evidenció un rezago de $ 732.100 millones disponibles que no se utilizaron y de $ 430.819 millones en bienes y servicios que no fueron entregados a dichas entidades. Entre las instituciones con niveles bajos de ejecución se cuentan el Ministerio de Justicia, el Fondo Nacional de Vivienda y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.