La Defensoría del Pueblo advirtió un reacomodamiento de las dinámicas criminales en la región del Sumapaz por cuenta de una puja entre las facciones disidentes de las Farc (Gentil Duarte y Nueva Marquetalia), que buscan controlar este corredor estratégico y las vías de acceso a la ciudad de Bogotá mediante el uso de la violencia, lo que vulnera los derechos fundamentales de la población.

Así lo explicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, al presentar la Alerta Temprana 005 de 2022 para la región del Sumapaz, en la cual se advierte riesgo de afectación a la población de la localidad, en Bogotá; los municipios de Cabrera, Venecia, Pandi, San Bernardo, Arbeláez, Fusagasugá, Pasca, Tibacuy, Silvania y Viotá, en Cundinamarca, e Icononzo, en Tolima.

Desde el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), la Defensoría del Pueblo encontró que hay riesgo de que se comentan delitos como el reclutamiento forzado, uso y utilización de menores de edad, constreñimiento a la población en proceso de reincorporación y el transporte de armamento, municiones, mercancías y personal. Además, desde el SAT se ha identificado que los disidentes entregan panfletos, amenazan e imponen horarios y conductas a la comunidad que habita estas zonas.

“Les solicito a las autoridades de las zonas advertidas adelantar las acciones necesarias que impidan el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, así como el constreñimiento a las personas en proceso de reincorporación que pretende su reingreso a las organizaciones armadas. En general, resulta fundamental impedir cualquier tipo de vulneración a los derechos humanos, particularmente de las comunidades que viven en estas zonas”, señaló el defensor del Pueblo.

De acuerdo con la Defensoría, por su ubicación, la región de Sumapaz conecta con los Llanos Orientales, Tolima y sur del Huila, lo que permite un acceso fácil a Bogotá.

“El control de la región del Sumapaz históricamente ha sido prioritario para los distintos actores armados ilegales, desde guerrillas, grupos paramilitares e, incluso, la delincuencia organizada. Esta situación debe acabar definitivamente para que los habitantes y las comunidades vivan en paz”, puntualizó el defensor del Pueblo.

De momento, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad no se han querido pronunciar frente a la alerta de la Defensoría del Pueblo, pero advirtieron que están permanentemente monitoreando la situación de orden público, con ayuda de Ejército y Policía.

Amenazas del ELN

Esta alerta de la Defensoría del Pueblo sobre las disidencias de las Farc se da en un momento en el que el ELN ha lanzando varios ataques en diferentes regiones del país, lo que obligó a la Alcaldía de Bogotá a realizar un despliegue de las autoridades en puntos estratégicos de la ciudad para evitar actos de terrorismo.

Así se dio a conocer el jueves, al término de un consejo de seguridad en el que participaron la alcaldesa de Bogotá, Claudia López; el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Eliécer Camacho; el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto; el secretario de Movilidad, Felipe Ramírez, entre otros funcionarios del Distrito, la Fiscalía, el Ejército Nacional, Medicina Legal, y otras instituciones.

De acuerdo con el secretario Aníbal Fernández de Soto, este despliegue de autoridades se hará en edificios públicos, terminales de transporte, el aeropuerto El Dorado y otros lugares de la ciudad.

“En cuanto a la amenaza de un paro por parte del ELN, informamos que todas las capacidades de la Policía, de la Fiscalía, del Distrito, están desplegadas para priorizar la vigilancia, el patrullaje y la presencia en aquellos puntos que tengan algún nivel de factor de riesgo adicional a los normales”, dijo Fernández de Soto.

Al respecto, la alcaldesa Claudia López precisó: “Bogotá puede tener la tranquilidad de que hemos cuidado a la ciudad con éxito de la amenaza de paro del ELN y todas las medidas de protección y seguridad se mantendrán”.