La Defensoría del Pueblo, por petición de familiares de los colombianos presos en Haití acusados de participar en el asesinato del presidente Jovenel Moïse, decidió coadyuvar las diferentes solicitudes de medidas cautelares que habían elevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La Defensoría fundamentó su solicitud a la CIDH con la información obtenida durante la visita a terreno de la misión humanitaria realizada la semana pasada.
La decisión de solicitarle al organismo medidas de protección se hizo de manera urgente, luego de que la Defensoría del Pueblo fuera informada sobre el traslado de los detenidos a un centro penitenciario en el que podrían correr riesgo sus vidas e integridad personal, según informó en un comunicado la entidad.
Fundamentalmente, la solicitud de esas medidas tiene el objetivo de que a los colombianos detenidos se les garantice una celda de máxima seguridad y el respeto al debido proceso, lo que significa acceder a un abogado que los represente judicialmente.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo le solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) seguir atenta el proceso judicial y pedirle información permanente al Estado haitiano sobre las condiciones de reclusión de los colombianos.
La visita a Haití
La Defensoría del Pueblo envió a Haití una delegación compuesta por Luis Andrés Fajardo, vicedefensor del Pueblo; Rodrigo Isaza Bordamalo, responsable del Grupo de Colombianos en el Exterior; Migración; la Oficina de Asuntos Internacionales, y Eduardo Alonso Flórez Aristizábal, coordinador académico del área de Derecho Penal, de la Dirección Nacional de Defensoría Pública.
A su regreso, los funcionarios redactaron un informe que evidenció la situación en la que se encuentran los colombianos detenidos y, con base en el documento, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, solicitó asistencia jurídica y defensa técnica para los 18 exmilitares “para garantizar el respeto de sus derechos fundamentales y principalmente al debido proceso y al derecho de defensa que, hasta este momento, les están siendo desconocidos”.
En el informe, la delegación detalló que algunos mostraron signos de cansancio, pérdida de peso, muñecas enrojecidas y con arañazos debido al roce con el metal de las esposas, que las mantienen puestas todo el día; uno de ellos cojeaba y otro no podía sostenerse y tuvo que ser ayudado por su compañero.
En cuanto a su salud, no cuentan con antibióticos, varios tenían puntos de sutura en sus cabezas que, según manifestaron, se los pusieron cuando llegaron y pasados más de 20 días no se los han retirado. Asimismo, tres de ellos presentaban lesiones de consideración que, por su apariencia, deberían ser tratadas en un establecimiento médico especializado.
Además, estableció que desde que fueron detenidos y hasta finales de julio, a los connacionales no les habían permitido hablar con un abogado, ni han sido presentados frente a autoridad judicial. Y aunque han sido interrogados en múltiples oportunidades por la Policía haitiana y el FBI, no tienen asistencia de un abogado que ejerza la defensa técnica.
“Tenemos que agradecer especialmente a la Organización de Estados Americanos, OEA, porque gracias a su intermediación fue posible la visita a los detenidos; y pedimos su acompañamiento en el seguimiento de la situación de los colombianos para que, en caso de que sean trasladados a una celda, se les brinden condiciones de seguridad a su vida e integridad física”, agregó el defensor Camargo, puesto que la delegación por poco no logra llegar a Haití, pues el Gobierno no autorizó su ingreso, pero por tratarse de una misión humanitaria los integrantes lo hicieron igualmente.
Una vez en la isla, el representante especial de la Organización de Estados Americanos en Haití, Cristóbal Dopuy, medió para que les permitieran ingresar a la prisión.