La Defensoría del Pueblo presentó un análisis desde la Universidad Cooperativa de Colombia, en la ciudad de Ibagué, que muestra la violencia de género constante y los insultos que las periodistas reconocidas sufren en las redes sociales.
El defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis, afirmó que la libertad de expresión es un derecho fundamental y que el acoso en línea a periodistas mujeres afecta este derecho.
“La libertad de expresión es un derecho humano fundamental que permite a los periodistas informar y a la sociedad recibir información sin miedo a represalias. El acoso en línea a periodistas mujeres socava este derecho y afecta el funcionamiento de una prensa libre e independiente, vital para la democracia”, dijo el defensor Camargo.
La delegada para la Protección de Derechos en Ambientes Digitales y Libertad de Expresión de la Defensoría del Pueblo analizó los comentarios a las opiniones de 19 de las periodistas más reconocidas en el país, de diferentes medios de comunicación, y evidenció que entre marzo de 2022 y marzo de este año recibieron 1.084 ataques en Twitter.
Entre los perfiles analizados y qué mayores ataques recibieron están: Vicky Dávila, Graciela Torres ‘La Negra Candela’, Darcy Queen, Cecilia Orozco, Camila Zuluaga y Vanessa de la Torre.
El defensor del pueblo hizo un llamado a las autoridades, las plataformas de redes sociales y la sociedad en general para avanzar en medidas concretas y efectivas en la lucha contra el acoso.
“El acoso y hostigamiento en línea contra nuestras periodistas es inaceptable y es una conducta discriminatoria que afecta su libertad de expresión y derechos humanos. Por eso es que hacemos un llamado a las autoridades, a las plataformas de redes sociales y a la sociedad en general para avanzar en medidas concretas y efectivas en la lucha contra el acoso y la discriminación de género en línea”, señaló Carmargo.
Añadió que es fundamental garantizar un entorno seguro y respetuoso para que las periodistas mujeres puedan ejercer su labor informativa sin temor a ser objeto de ataques y hostigamiento.
“Vivimos en un mundo cada vez más interconectado y digitalizado, en el que la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes juegan un papel clave en la transformación de nuestra forma de comunicarnos e interactuar. Sin embargo, junto con los beneficios y oportunidades que estas tecnologías pueden ofrecer, también surgen riesgos y desafíos importantes para la protección de la libertad de expresión y los derechos humanos”, puntualizó el defensor del pueblo.
Esfuerzos por la defensa de los derechos humanos
La Defensoría del Pueblo y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado firmaron un convenio interadministrativo con el objetivo de fortalecer la prevención del daño antijurídico relacionado con la vulneración de derechos humanos.
El convenio se enfoca en temas como el acceso a información pública, el buen nombre, los derechos de personas privadas de la libertad, los derechos de personas en especial sujeción del Estado y la responsabilidad frente a personas protegidas por riesgos advertidos ante el Estado.
Ambas entidades trabajarán juntas en el diseño de lineamientos jurídicos, herramientas y metodologías en las temáticas de interés. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, celebró la suscripción del convenio.
“Celebro la suscripción de este convenio de cooperación interinstitucional que hemos suscrito con la Agencia Jurídica de Defensa del Estado, que es la encargada de prevenir el daño antijurídico frente a cualquier situación donde esté involucrada la presunta responsabilidad del Estado colombiano”, expresó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Por su parte, la directora general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora Ávila, manifestó: “La firma del convenio es el inicio de una tarea conjunta entre la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Defensoría del Pueblo, con el fin de esforzarnos como instituciones para el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en pro de las víctimas y el reconocimiento de responsabilidad como Estado para la construcción de la paz”.