La Defensoría del Pueblo ha expresado su rechazo hacia las amenazas que han sido dirigidas hacia los hombres y mujeres que firmaron el Acuerdo de Paz y se han acogido al Espacio Territorial de Reincorporación (ETCR) Mariana Páez en el municipio de Mesetas, en el Meta.
Unas 200 familias, entre las que se encuentran 86 mujeres cabezas de hogar y 80 niños, incluyendo personas con discapacidad y adultos mayores, han sido amenazadas con la posibilidad de ser asesinadas si no abandonan la zona en el plazo de un mes.
La Defensoría del Pueblo considera que es “urgente que sean protegidos y se mantengan de forma segura con sus proyectos de vida en sociedad”.
Ante el comunicado en el que las personas reincorporadas denunciaron que debían “abandonar la tierra que nos acogió en la transición, nuestro Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, que cariñosamente llamamos Mariana Páez”, la Defensoría del Pueblo, a través de la Regional del Meta y la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas, se encuentran en el territorio y buscarán la actuación de las autoridades, locales y nacionales, para la activación de los mecanismos de alerta y respuesta rápida.
De igual forma, la entidad ha ofrecido su apoyo para llevar a cabo las medidas necesarias para mitigar el riesgo que enfrentan estas personas y le ha solicitado a la Unidad Nacional de Protección que refuerce las medidas de protección de esta población, proporcionando los recursos necesarios para la implementación de medidas técnicas recomendadas y atendiendo la especial vulnerabilidad de los excombatientes, con un enfoque de género y diferencial.
Además, durante su intervención en la Asamblea Anual de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (Ganhri) en Ginebra, Suiza, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, calificó las amenazas y acciones violentas en contra de las personas en proceso de reincorporación como “un ataque a la médula del proceso de paz y su implementación”.
Para la Defensoría del Pueblo, la orden de abandonar el ETCR constituye la “vulneración de los derechos a la vida, la integridad y la seguridad personal de la población y transgrede abiertamente el respeto a los derechos humanos y los principios básicos del Derecho Internacional Humanitario”. Aún no se conoce qué grupo armado está detrás de las amenazas.
“El desplazamiento forzado de quienes viven en la ETCR causaría el abandono de los proyectos productivos que emprenden las y los firmantes desde hace seis años a través de formas asociativas, y les resta posibilidades en su proceso de reinserción social y normalización de sus economías”, asegura la Defensoría.
De igual forma, sostiene la entidad, los menores de edad se verían afectados, ya que tendrían que interrumpir su educación: “Mientras que para el colectivo en general, tendrían que enfrentar nuevamente la incertidumbre de tener que abandonar su hogar y, además, tendrían que lidiar con la estigmatización de ciertos grupos de la población que no confían en los términos del acuerdo de paz”.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a los actores del conflicto para que “respeten el propósito y objetivos de la ‘paz total’ y del acuerdo de paz, y que dejen a un lado la población civil, especialmente aquellas Personas en Proceso de Reincorporación”.
Defensoría sobre reclutamiento forzado
Por otra parte, la Defensoría del Pueblo alertó que, desde marzo del 2020 hasta diciembre de 2022, se reportaron 155 casos de reclutamiento, 30 de ellos durante 2022, “lo cual permite corroborar que los menores de edad siguen siendo algunas de las principales víctimas de los grupos armados, como ha venido advirtiendo la Defensoría del Pueblo a través de sus alertas tempranas”.
Los departamentos donde más se han presentado casos son: Caquetá (37), Cauca (25), Arauca (16), Nariño y Putumayo (10 cada uno), Tolima y Antioquia (9 cada uno), Norte de Santander, Meta y Amazonas (5 en cada uno), Chocó (4) y Vaupés y Córdoba (3 cada uno).
De acuerdo con la Defensoría, de las 34 alertas tempranas emitidas durante 2022, en 31 de ellas se advierten riegos de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, principalmente en los departamentos de Cauca, Antioquia, Chocó, Nariño, Córdoba, Putumayo, Tolima, Valle del Cauca y Atlántico.
De igual forma, en las alertas emitidas también ha advertido riesgos de confinamiento de comunidades. Esto genera “afectación al derecho a la educación y la deserción escolar, aumentando el riesgo de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes”.