La Defensoría del Pueblo expresó su rechazo contundente por el asesinato de Jhon Kennedy Vargas, excombatiente de las Farc, en un hecho ocurrido este 15 de marzo en el municipio Pitalito, Huila.
A través de un breve hilo publicado en la cuenta Twitter de la Defensoría, esta entidad reiteró su llamado para que se brinden todas las garantías de seguridad, en un sentido amplio e integral, a los excombatientes.
Recordó además, que en una Alerta Temprana Estructural 035, publicada por este organismo en el año 2019 habían advertido el riesgo en que se encontraban los excombatientes de las Farc y las personas en proceso de reincorporación en Huila y otros departamentos, debido a la presencia y el accionar de grupos armados ilegales.
Los asesinatos a líderes sociales y firmantes del proceso de paz no paran en Colombia. Según el informe dado por Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Vargas Aros era un firmante del acuerdo de paz, que se concretó en el año 2016, entre el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y las Farc.
Informes preliminares de la Policía indican que este asesinato ocurrió a las las 8:00 de la noche del pasado martes 16 de marzo, cuando el hombre de 37 años fue atacado por hombres armados, quienes les dispararon y lo dejaron tendido en el piso. Personas que llegaron a auxiliarlo lo trasladaron hasta un centro asistencial del municipio huilense en donde falleció.
Hace unos días, la Defensoría del Pueblo advirtió que desde 2017 cuando entró en vigencia el Acuerdo de Paz con las Farc, han sido asesinadas 285 personas en proceso de reincorporación, en hechos atribuidos, especialmente, a varias estructuras criminales.
Esta cifra quedó registrada en un documento sobre la situación de seguridad de los excombatientes que fue entregado por el titular de ese despacho, Carlos Camargo, al presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Eduardo Cifuentes Muñoz.
Camargo destacó que Colombia sigue dando pasos importantes en la implementación de los acuerdos con las antiguas Farc, “para conseguir una paz que le permita no solo garantizar los derechos a todos los ciudadanos, sino que se genere el clima que le permita al país seguir marchando hacia adelante”.
El funcionario resaltó que una de las metas más importantes es garantizar la seguridad de los excombatientes de las antiguas Farc, quienes se acogieron al proceso y están reincorporándose a la vida civil con sus núcleos familiares, reconstruyendo sus vidas.
De acuerdo con la línea investigativa de la Fiscalía se permitió determinar que el 80 % de los casos los responsables de estos asesinatos de los excombatientes son estructuras criminales cómo las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y el ELN.
De acuerdo con el documento de la Fiscalía, son estos grupos armados los que están generando impactos negativos contra la implementación del proceso de paz, según lo corroboran en terreno nuestros funcionarios.
Indepaz también informó del asesinato del líder indígena Miller Correa, en Popayán (Cauca). Según detalló la organización, Correa era un reconocido líder, autoridad indígena perteneciente al resguardo de Tacueyó y actual consejero de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN). Además se desempeñó como secretario de gobierno y concejal de Toribio.
“Cabe señalar que, la ACIN y el CRIC reciben constantes amenazas por parte de diversos grupos armados que operan en el departamento del Cauca. Su nombre había aparecido días antes en un panfleto firmado por las Águilas Negras Bloque Suroccidente”, denunció Indepaz en un comunicado publicado en sus redes sociales.