La Defensoría del Pueblo reiteró su llamado a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) para que abra un macrocaso sobre la violencia sexual cometida en el marco del conflicto armado, por todos sus actores, en contra de mujeres, niñas, niños y personas con orientación sexual e identidad de género diversa, principalmente.
La entidad conoció el anuncio de la JEP sobre la próxima apertura de dos “casos sombrilla” con el fin de investigar masacres, violencia sexual, desplazamiento y desaparición forzadas.
Carlos Camargo, defensor del Pueblo, considera de gran importancia que, ante la magnitud y gravedad de la violencia sexual, la jurisdicción abra un macrocaso, tal como lo han solicitado reiteradamente quienes padecieron estos hechos, las organizaciones de la sociedad civil en las que se concentran y que los representan y, recientemente, el Ministerio Público.
“Desatender este clamor puede conducir a que se perpetúe la impunidad respecto de las violencias basadas en género ocurridas en el contexto de las confrontaciones armadas, a que persistan los obstáculos para su investigación ya advertidas en el marco de los macrocasos abiertos y a no tener oportunidad de abordar la judicialización de conductas como, por ejemplo, las distintas agresiones sexuales intrafilas sufridas por mujeres adultas combatientes”, aseguró el defensor del Pueblo.
En días pasados, la Procuraduría General de la Nación, luego de realizar un estudio profundo, le solicitó a la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad, Determinación de Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) “abrir cuatro nuevos macrocasos con relación a desaparición forzada, violencias basadas en género, desplazamiento forzado, y medios y métodos de guerra ilícitos”.
La petición incluyó un análisis exhaustivo de cada uno de los hechos victimizantes que se recopilaron de distintas fuentes, contando instituciones estatales y organizaciones de víctimas que le pidieron a la Procuraduría intervenir ante la JEP, para que se materialice la selección de estos nuevos macrocasos y se cumpla la obligación que tiene.
Considerando la magnitud de la victimización de casos y, a su vez, la identificación de las prácticas macrocriminales perpetradas por actores armados a lo largo del conflicto, la Procuraduría confirmó que le solicitó a la JEP que para estos macrocasos se desarrollen estrategias de investigación que respondan a las demandas y afectaciones de las víctimas, puesto que “resulta imperioso superar las condiciones que llevaron a la ocurrencia de estos hechos y garantizar su no repetición”.
Con respecto a la solicitud de apertura del macrocaso de violencia sexual y violencia basada en género, la Procuraduría informó que identificó a más de 2.000 víctimas. La instrumentalización del cuerpo de la mujer como una forma de ejercer autoridad y control por parte de los grupos armados fue una de las características en las que enfatizó, “así como en el impacto desproporcionado que estos hechos generan en niños, niñas y adolescentes y la población étnica y LGTBI”.
El ente de control advirtió que los hechos de desaparición forzada ocurridos en el marco del conflicto armado afectaron a más de 80.000 víctimas, convirtiéndose en una práctica sostenida y deliberada por parte de los diferentes actores que son competencia de la JEP y que, a la fecha, registran altos índices de impunidad.