La situación que se viven en estos momentos en la vereda Los Pozos, zona rural de San Vicente del Caguán, en Caquetá, es grave. Las fuertes confrontaciones entre manifestantes y el Esmad dejaron un policía muerto y varios heridos, después de que la protesta protagonizada por la Guardia Indígena, que se quiso tomar por la fuerza las instalaciones de compañía petrolera Emerald Energy, se saliera de control.
En medio de las confrontaciones, el subintendente de la Policía Ricardo Arley Monroy Prieto recibió un impacto de bala proveniente, al parecer, de un fusil AK-47. Además, se habla de que un campesino de la región también falleció tras los enfrentamientos.
Ante la situación, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, ha mostrado su disposición para mediar y actuar como canal de diálogo con el objetivo de solucionar la crisis que ha surgido en Los Pozos, y prevenir futuros episodios de violencia como los que se han producido recientemente.
El Defensor del Pueblo ha calificado como lamentable el fallecimiento del policía y el campesino, así como las restricciones de movilidad y heridas sufridas por varios policías en las protestas que han tenido lugar en la zona. Además, ha destacado que la violencia y las medidas extremas solo conducen a más violencia y no son efectivas para facilitar el diálogo y encontrar soluciones.
“La Defensoría del Pueblo, a través del equipo en territorio de la Regional Caquetá y de la Delegada para la Prevención de la Conflictividad Social, ha hecho seguimiento a las protestas y bloqueos de los campesinos e indígenas en las instalaciones de la empresa Emerald Energy, pero se habrían lanzado bombas molotov y quemado las instalaciones de la misma, lo que causó enfrentamientos entre parte de la comunidad y las autoridades de Policía y militares”, señaló el defensor.
Según información de las autoridades, los enfrentamientos iniciaron en la madrugada de este jueves 2 de marzo, cuando los manifestantes ingresaron a quemar las instalaciones de la empresa para exigir dinero, supuestamente, para la comunidad, y el no cierre de la compañía. Otra de las exigencias es la pavimentación de 42 kilómetros de una vía.
Un equipo de funcionarios de la Regional de Caquetá se encuentra actualmente en la zona para verificar la atención médica de los heridos, establecer mesas de diálogo y poner fin a las acciones violentas para restaurar el control y la tranquilidad en la región.
La Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado al Gobierno Nacional y a las organizaciones campesinas que se encuentran en movilización en la inspección de Los Pozos, para que “retomen el diálogo como una forma efectiva de llegar a acuerdos y evitar enfrentamientos entre las comunidades y los miembros de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO)”.
La prioridad, según el Defensor del Pueblo, es proteger el derecho a la vida y evitar que los habitantes de la región, los miembros de la fuerza pública, las autoridades civiles o los trabajadores de la empresa privada se vean afectados por los conflictos desatados en esta región del sur de Colombia.
Por último, Carmago ha señalado que la institución cuenta con herramientas y protocolos que pueden ser utilizados para prevenir y transformar situaciones de conflictividad, promover la convivencia, la reconciliación y el seguimiento de posibles acuerdos.
“En la Defensoría del Pueblo podemos aplicar instrumentos y protocolos que orienten las etapas de prevención y transformación de la conflictividad, la convivencia, la reconciliación y el seguimiento de los posibles acuerdos, todo con un enfoque de derechos humanos, diferencial y territorial según las características de la población como, en este caso, de los campesinos en Los Pozos”, afirmó el defensor.