La presunta agresión sexual en contra de 14 niños y niñas en un jardín infantil en Medellín, denunciada por padres de familia, tiene al país conmocionado. La Defensoría del Pueblo designó a un defensor público, representante de víctimas de la institución, que velará por los derechos de estos menores con protección especial. Además, rechazó tajantemente los hechos en contra de los menores de edad.
Adicionalmente, la entidad activó de forma inmediata las rutas de atención ante los organismos de control, y con la Procuraduría del Valle de Aburrá se articuló para realizarle seguimiento constante al caso.
La entidad informó que acompañó las actuaciones emprendidas por el ICBF para la protección de los derechos de los niños y niñas presuntamente víctimas y pidió celeridad en las investigaciones de las autoridades competentes dado que los derechos de los niños, prevalecen sobre los derechos de los demás.
“Como entidad defensora de derechos humanos resaltamos la necesidad que recae en las entidades prestadoras de servicios para la infancia, de adelantar procesos de selección idóneos para que las profesionales que se vinculen a instituciones de cuidado de niños y niñas tengan las capacidades necesarias y no pongan en riesgo la integridad y derechos de los menores de edad. Los centros de cuidado infantil deben ser entornos protectores y no pueden convertirse en lugares de violencia y riesgo para la niñez”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
La denuncia
El miércoles 30 de junio las autoridades cerraron un hogar de Buen Comienzo y la Alcaldía de Medellín en la Comuna 2 de la capital antioqueña, en medio de la investigación por dos casos de presunto abuso sexual.
Al centro asistían 72 niños y niñas de la zona que seguirán siendo atendidos bajo el modelo de acompañamiento en casa.
Un total de 14 niños y niñas habrían sido agredidos sexualmente por parte de un trabajador que ya fue desvinculado de la institución y no tenía contacto directo con los menores, sino que se encargaba de la alimentación, según José Wilmer Sánchez, director del programa del hogar Buen Comienzo.
El 19 de junio se conoció la denuncia de un niño abusado sexualmente que ingresó al Hospital Infantil Concejo de Medellín y allí “como es ordenado por el Ministerio de Salud, se activa el código Fucsia para restablecimiento de derechos de la víctima de agresión sexual, y ese mismo día se activa toda la ruta de protección y restablecimiento de derechos”.
Según Sánchez, el operador lleva cerca de 10 años operando en el sector y no tenía antecedentes. “Por ahora estamos en todo el proceso judicial con la Fiscalía y administrativo con la alcaldía municipal”, explicó en el programa Vicky en Semana.
El funcionario argumentó la demora de diez días entre la denuncia y los hechos en contra de los menores, asegurando que esta se logró “gracias a que en el hospital se activa este protocolo y se recaban las pruebas”.
“El presunto agresor es un adulto de entre 50 y 55 años, empleado de esta cooperativa. Auxiliar de nutrición que no tendría que tener ningún tipo de contacto directo con los niños y es lo que estamos averiguando, por qué el operador permitió que alguien no autorizado estuviera interactuando con los niños”, reveló.