La isla de San Andrés, un paradisiaco rincón insular, ha sido sacudido por una alarmante ola de violencia que ha dejado un total de 24 homicidios en lo que va de año. Con un indicativo de esclarecimiento del 70%, las autoridades se han visto presionadas para abordar la problemática y restaurar la paz en esta región caribeña de Colombia.
La Defensoría del Pueblo ha levantado su voz en esta preocupante situación, instando al gobierno departamental a tomar medidas urgentes para hacer frente a esta creciente ola de violencia. Los funcionarios de la Regional San Andrés han trabajado en terreno para comprender las causas subyacentes de esta triste estadística. El desempleo, la desigualdad social agravada por el alto costo de vida y la falta de opciones educativas han sido identificados como factores principales que contribuyen a esta situación desafiante.
La entidad defensora de los derechos humanos en el país ha solicitado al gobierno insular que implemente planes concretos para generar oportunidades genuinas de desarrollo y emprendimiento para los habitantes de San Andrés. La presencia de estructuras armadas vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado local ha agravado la situación, lo que llevó a la Defensoría del Pueblo a emitir la Alerta Temprana 028-2022. Lamentablemente, persisten casos de explotación de niñas, niños y adolescentes en actividades relacionadas con el sicariato, extorsiones, amenazas y robos.
La construcción de una ”cultura de paz, el respeto y el diálogo” se han convertido en imperativos en este escenario. La Defensoría del Pueblo hace un llamado tanto a las autoridades locales como a la comunidad en general para trabajar en conjunto en la búsqueda de soluciones pacíficas y democráticas a los conflictos. Especial atención se presta a los jóvenes, quienes, en muchos casos, han recurrido a la violencia para resolver sus diferencias.
El reto es grande, asegura la Defensoría del Pueblo, pero la entidad sostiene que está firme en su compromiso de abogar por la seguridad, el bienestar y los derechos de los habitantes de San Andrés Islas, aspirando a restaurar la tranquilidad en esta hermosa región caribeña.
“Trabajar en la construcción de una cultura de paz, respeto y de diálogo que permita superar las diferencias y los problemas sociales de maneras pacífica y democrática es otro de los llamados realizados por la Defensoría del Pueblo tanto a los entes locales como a la comunidad, máxime que ha evidenciado cómo los jóvenes suelen resolver sus conflictos”, indica la Defensoría.
Grupos armados están cogiendo ventaja: defensor
Por otra parte, la Defensoría del Pueblo, a través de su Observatorio de Derechos Humanos y DIH, hizo un balance sobre las vulneraciones a los derechos humanos ocurridas en el primer semestre de 2023, a partir de un trabajo de sus funcionarios que se extendió a todas las regiones del país.
El secuestro, las masacres, el reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, la conflictividad social manifiesta y las violencias basadas en género y por prejuicio contra mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversas, entre otros hechos, forman parte de la grave situación que viven las comunidades.
“El aumento en los índices de estas conductas configura un difícil escenario de recrudecimiento de la violencia, cuyos responsables directos son los grupos armados ilegales. Estamos viviendo una espiral de vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
El número de secuestros registrados por la Defensoría del Pueblo, entre enero y junio de este año, fue de 32, mientras que en el mismo periodo de 2022 el reporte se situó en 23, lo que equivale a un incremento del 39 %. Los meses que más reportaron este flagelo fueron mayo y junio con 11 y 8, respectivamente, y los departamentos en los que más secuestros hubo fueron Arauca, Antioquia y Norte de Santander.
“Además del aumento considerable en las cifras de secuestros, nos preocupa que esta conducta siga ocurriendo en los mismos departamentos que el año pasado, dos factores que se constituyen como una consecuencia directa de la agudización del conflicto armado en el país”, añadió el defensor del Pueblo.