La Defensoría del Pueblo urgió a las autoridades nacionales y territoriales tomar medidas para superar la grave crisis en materia de salud que afronta el departamento de Chocó.
El jefe de ese despacho, Carlos Camargo, expresó la preocupación que existe por las dificultades que atraviesa el hospital regional, por la demora en el pago de los salarios a los trabajadores y a los proveedores.
“Hemos constatado que, a la fecha, la Nueva ESE Hospital San Francisco de Asís no ha pagado los salarios ni demás obligaciones a empleados y proveedores, lo que está generando una grave crisis social, pues es preocupante que el hospital más importante de la región no está prestando los servicios de manera adecuada”, dijo el funcionario.
Desde enero de este año, la Defensoría del Pueblo ha venido acompañando de manera permanente a los trabajadores de ese hospital que se han declarado en asamblea permanente porque, luego de la intervención ordenada por la Superintendencia de Salud, aún se les adeudan siete meses de salario.
Camargo recordó que, ese organismo ha requerido, en varias ocasiones, a las autoridades de salud para que tomen las medidas conducentes a superar la crisis hospitalaria que genera una clara vulneración del derecho a la salud de los habitantes del departamento del Chocó.
Igualmente, la Defensoría ha evidenciado que las deudas de las Empresas Promotoras de Salud habilitadas en el departamento, sumado a la liquidación de Ambuq y otras EPS, han profundizado la crisis en los prestadores privados, que se niegan a seguir atendiendo a los afiliados de las compañías deudoras.
Al respecto, “desde el Ministerio de Salud me informaron del compromiso de cofinanciar el saneamiento de los pasivos del Hospital San Francisco de Asís y demás ajustes presupuestales para apoyar un plan de mejoramiento a la mayor brevedad”, señaló.
Y agregó que “para el hospital Ismael Roldán, también manifestaron que se están adelantando todas las gestiones tendientes a buscar una solución pronta”.
Finalmente, el defensor del Pueblo reiteró su llamado a fortalecer la articulación de los esfuerzos entre todas las entidades de los niveles municipal, departamental y nacional para lograr la garantía de los derechos de los trabajadores de los hospitales y, por supuesto, la salud de los chocoanos.
Persiste la crisis humanitaria en Bojayá, Chocó
Recientemente, la Defensoría del Pueblo advirtió que Bojayá atraviesa por una grave crisis humanitaria por la presencia de grupos armados ilegales.
En ese sentido, el titular de ese despacho dijo que en los últimos años la entidad ha emitido varias alertas tempranas debido a las condiciones que se presentan en la zona por la acción de esas organizaciones que persisten en sus amenazas contra la población.
“La Defensoría del Pueblo reitera su preocupación por la difícil situación humanitaria que enfrenta la población del municipio de Bojayá (Chocó), que hace 20 años vivió la tragedia en la que murieron 79 personas por el enfrentamiento entre las desaparecidas Farc y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”, aseguró.
Según señaló, aún se mantiene el riesgo de vulneraciones de los derechos humanos de las comunidades negras y pueblos indígenas de ese municipio y la subregión del Medio Atrato con ocasión de los propósitos expansivos por parte de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), en zonas dejadas por las Farc en el marco del Acuerdo de Paz.
Indicó que mediante dichos instrumentos de advertencia se hizo énfasis sobre la contaminación con minas antipersonal (Map) y municiones sin explotar (Muse) en los territorios colectivos tanto afros como indígenas.
En las alertas se hace énfasis en las implicaciones que tiene esa situación debido a las restricciones a la movilidad que implican la limitación de actividades necesarias para la subsistencia de las comunidades étnicas que habitan en los municipios de Bojayá, Medio Atrato y Vigía del Fuerte, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción.
En dichos documentos se indican, además, las vulneraciones de los derechos a la vida, libertad y seguridad personal de las comunidades afrocolombianas y pueblos indígenas de los municipios mencionados, con el fin de que se adoptaran las medidas de prevención y protección eficaces para salvaguardar la integridad de los pobladores de esta subregión.
Camargo recordó de manera particular que, en agosto del año pasado, se emitió la Alerta Estructural 016-2021 para los municipios de Bojayá, Vigía del Fuerte y Medio Atrato en el cual se daba cuenta del fortalecimiento militar acelerado, la expansión territorial y el afianzamiento en el territorio de las AGC.
Explicó que esa situación mantiene, además, el riesgo de enfrentamientos con interposición de la población civil, así como la posibilidad de reclutamiento e instrumentalización de niños, niñas y adolescentes (Nna), por parte de estas organizaciones armadas ilegales.