En medio de la creciente preocupación por los persistentes ataques perpetrados por grupos armados ilegales en el sur del país, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, ha emitido un llamado enérgico a las autoridades para que tomen medidas efectivas contra los atentados sistemáticos dirigidos a la infraestructura de telefonía e internet móvil, así como al personal de las empresas operadoras en la región de Caquetá.
“Instamos a las autoridades a adoptar medidas urgentes para resolver la grave situación que se viene presentando el departamento y exhortamos a las entidades estatales y fuerzas de seguridad del Estado a realizar las respectivas investigaciones, acompañamientos y reforzamiento de las garantías de seguridad para que no se vea afectada la prestación de estos servicios esenciales”, es el llamado de Camargo Assis.
Los principales autores de estos ataques parecen ser las disidencias de las Farc, quienes han llevado a cabo una serie de ataques dirigidos a la infraestructura vital de comunicaciones en la región. El municipio de Cartagena del Chairá y la extensa área conocida como El Bajo Caguán han sido particularmente afectados, lo que ha resultado en la incomunicación de una gran parte de la zona rural.
Las consecuencias de estos ataques van más allá de la interrupción de los servicios esenciales de comunicación. Desde octubre de 2021, según la Defensoría, tanto el personal de las empresas de telecomunicaciones como los miembros de la comunidad han sido víctimas de secuestros, amenazas y extorsiones, lo que ha sumido a la población en un estado de constante temor e inseguridad.
Ante esta situación crítica, el defensor del Pueblo ha urgido a las autoridades estatales y a las fuerzas de seguridad del Estado a tomar medidas inmediatas para abordar esta grave problemática. La Defensoría del Pueblo también ha estado trabajando en conjunto con las autoridades territoriales, civiles y militares para coordinar y gestionar condiciones de seguridad que prevengan más afectaciones a las comunidades. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, las amenazas y la inseguridad persisten, y la prestación de servicios básicos sigue siendo limitada en algunas áreas, como el sur de Bolívar, Cauca y Arauca.
El llamado del defensor del Pueblo se ha extendido al Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, instándoles a implementar planes efectivos para detener las acciones criminales de los grupos armados y asegurar que las comunicaciones y otros servicios esenciales para la comunidad no se vean interrumpidos.
“Ante los lamentables hechos, con las autoridades territoriales, civiles y militares coordinamos y tramitamos condiciones de seguridad para prevenir las afectaciones a las comunidades afectadas; sin embargo, aún persisten las situaciones de zozobra y las limitantes a la prestación de los servicios”, expresó el defensor Camargo Assis.
El panorama nacional sigue siendo desalentador, y la lucha contra los grupos armados ilegales que buscan sembrar el terror en la población civil es una tarea que exige la cooperación y la acción decidida de todas las entidades pertinentes, enfatizó el funcionario público.
“Nos estamos dejando coger ventaja de los grupos armados ilegales”
Por otra parte, la Defensoría del Pueblo, a través de su Observatorio de Derechos Humanos y DIH, hizo un balance sobre las vulneraciones a los derechos humanos ocurridas en el primer semestre de 2023, a partir de un trabajo de sus funcionarios que se extendió a todas las regiones del país.
El secuestro, las masacres, el reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, la conflictividad social manifiesta y las violencias basadas en género y por prejuicio contra mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversas, entre otros hechos, forman parte de la grave situación que viven las comunidades.
“El aumento en los índices de estas conductas configura un difícil escenario de recrudecimiento de la violencia, cuyos responsables directos son los grupos armados ilegales. Estamos viviendo una espiral de vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario”, aseguró el defensor del Pueblo.
El número de secuestros registrados por la Defensoría del Pueblo, entre enero y junio de este año, fue de 32, mientras que en el mismo periodo de 2022 el reporte se situó en 23, lo que equivale a un incremento del 39 %. Los meses que más reportaron este flagelo fueron mayo y junio con 11 y 8, respectivamente, y los departamentos en los que más secuestros hubo fueron Arauca, Antioquia y Norte de Santander.
Las masacres también aumentaron en los seis primeros meses del año. Según el organismo, son 52 homicidios colectivos los que se hubo en el país, versus los 48 ocurridos en la misma época de 2022.
Las masacres no han tenido una relación directa con los homicidios de excombatientes y firmantes de paz; sin embargo, en lo que va corrido del año son 19 los asesinatos de los que han sido víctimas quienes forman parte de ese grupo poblacional, mientras que el año pasado fueron 21 los excombatientes ultimados.
Un total de 147 casos de reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes ocurrieron en el mismo periodo. El 66 % correspondió a niños y adolescentes y el 34 %, a niñas y adolescentes. El mayor número de registros se reportó en Cauca, con 104 casos, y es el departamento donde se concentró el 70,7 % de los casos. Le siguen Nariño con diez casos; Putumayo, con ocho; Caquetá con seis, y Chocó, Arauca y Amazonas, con cuatro casos cada uno.