La crisis migratoria de Necoclí, a causa del represamiento de miles de personas de distintos países que a diario atraviesan el Tapón del Darién hacia Panamá, no termina. La situación ha provocado una emergencia hospitalaria, que la Defensoría del Pueblo pidió atender con urgencia.
“A pesar de que se han tomado decisiones para atender a los migrantes en Necoclí, en la actualidad se estima que son 11.400 los que están represados en ese municipio, lo cual ha causado una emergencia hospitalaria que es necesario atender para garantizar el derecho a la salud tanto de los colombianos como de los extranjeros”, alertó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la ESE Hospital San Sebastián entró en colapso en la atención debido a la alta demanda de la población migrante haitiana. En este momento, la institución no cuenta con suficientes recursos humanos, técnicos o de infraestructura para prestar asistencia en todos los casos. A esto se suma que, en las últimas semanas, murieron dos migrantes por covid-19, reflejando sus dificultades para cumplir con las medidas de distanciamiento o para contar con elementos de bioseguridad.
La entidad estima que la mayoría de los migrantes del país caribeño, afectado por crisis naturales recientes y el homicidio de su presidente, han comprado tiquetes y están a la espera de su salida. Los gerentes de las empresas transportadoras marítimas Caribe S. A. S. y Catamarán le informaron al Ministerio Público que los tiquetes tienen fecha hasta el 27 de septiembre.
La mayoría de estas personas están hospedadas en hoteles, hostales o casas que son arrendadas por días, aunque varias familias se ubicaron en carpas en la orilla de la playa, debido a que se les han agotado los recursos para pagar el hospedaje.
“Además de los sobrecostos y la reventa de tiquetes, los funcionarios de la Regional Urabá-Darién de la Defensoría han sido informados sobre la salida de embarcaciones ilegales a altas horas de la noche, exponiendo a los migrantes al riesgo de naufragio en alta mar o a robos y estafas por parte de los coyotes o traficantes de personas”, aseguró el Defensor del Pueblo.
Cabe recordar que el pasado 4 de agosto, hace poco más de un mes, Camargo se reunió en Capurganá con sus homólogos de Panamá, Ecuador y Costa Rica para avanzar en las gestiones ante los respectivos gobiernos para apoyar a los migrantes en tránsito. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo considera primordial que el Gobierno de Panamá permita ampliar el número de personas que puedan transitar y que en Ecuador se regule el ingreso de la población migrante.
“Seguimos trabajando para que en las decisiones de las autoridades primen los derechos humanos, porque se tiene previsto que sigan llegando más personas y eso hace urgente la atención priorizada y humanitaria de los países del continente”, concluyó el funcionario.
Actualmente, el Gobierno de Panamá mantiene restricciones para el ingreso a ese país y es por eso que solo se había venido utilizando la ruta terrestre, en una travesía que podía tardar entre 5 y 8 días, dependiendo de las condiciones climáticas, el estado físico y la salud de los migrantes.