Ante la presencia, crecimiento y expansión de dos disidencias de las antiguas Farc: la Segunda Marquetalia y el Comando Coordinado de Occidente, que buscan recuperar el control ilegal que ejercían en estas zonas antes de la firma del acuerdo de paz, en septiembre del 2016, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 016-2022.
La decisión, con la que se busca que las autoridades y entidades oficiales adopten las medidas de protección correspondientes, cobija a los municipios de Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco de ese departamento.
“Desde el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) identificamos alto riesgo de desplazamiento forzado de la población civil, amenazas y atentados contra la vida e integridad de líderes sociales”, señaló el titular de ese despacho, Carlos Camargo.
El funcionario señaló que “también existen riesgos para las personas en proceso de reincorporación; de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes; de extorsiones y la utilización de armas no convencionales”.
Según señaló en esos municipios, las dos estructuras disidentes entregan panfletos en los que incluyen normas de control social.
Igualmente, advirtió que en los últimos meses, estos grupos han llegado a más sectores rurales mediante pequeñas ‘comisiones’ para no ser identificados por las Fuerzas Militares, y de este modo ir reconfigurando el control hegemónico que en algún momento tuvieron las antiguas Farc.
“Vale señalar el incremento de los homicidios en los cuatro municipios: mientras en 2020 se presentaron 28 muertes violentas, para el 2021 alcanzaron los 41 casos”, destacó.
Para enfrentar esos riesgos, la Defensoría del Pueblo entregó 50 recomendaciones a diversas entidades del Estado (de manera particular a la Gobernación del Tolima y a las alcaldías municipales).
Entre ellas se encuentran coordinar acciones para atender la situación de riesgo y detallar los recursos humanos y financieros, así como los plazos y acciones concretas para evitar vulneraciones a los derechos de la población civil.
Alerta por amenazas de Clan del Golfo en municipios de Córdoba
Las amenazas y el uso de la violencia sobre la población civil en cinco municipios del departamento Córdoba por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)-Clan del Golfo, llevó a que la Defensoría del Pueblo emitiera este viernes la Alerta Temprana 015-2022.
De acuerdo con la entidad, el equipo del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) encontró que los frentes Uldar Cardona Rueda y Rubén Darío Ávila de esa organización armada ilegal están poniendo en riesgo el bienestar y la vida de la población civil.
Señaló que este grupo armado ilegal busca mantener el manejo y control del narcotráfico, la explotación irregular de oro y el cobro de extorsiones mediante el uso de la violencia.
En la Alerta Temprana también se pudo determinar que las AGC buscan mantener el control del corredor que une a esta región con el Bajo Cauca y las costas de Urabá y Córdoba, con el propósito de mantenerlas como vías para el tráfico de clorhidrato de cocaína y armas.
“En la Defensoría del Pueblo nos preocupan las amenazas y la violencia que ejerce este grupo armado irregular contra los líderes sociales y comunitarios, autoridades indígenas, campesinos asentados en las zonas de explotación de oro, pescadores y especialmente contra los menores de edad, por el alto riesgo de que sean víctimas de reclutamiento forzado”, señaló Camargo.
De acuerdo con el organismo, en la región existe, además, preocupación por la presión que ejerce este grupo armado para que se conserven las tierras que fueron despojadas a campesinos en fases anteriores al conflicto armado.
Hasta el momento, en esa región se han emitido siete alertas tempranas por los riesgos encontrados tras años de conflicto armado.
“Esta organización ha impuesto normas y castiga a quien no obedece sus reglas, y de manera violenta busca controlar la cotidianidad de la comunidad de estos municipios”, denunció el funcionario.
Debido al alto nivel de riesgo, la Defensoría del Pueblo entregó 21 recomendaciones, entre las que se encuentra la adopción de medidas urgentes de prevención y protección de las comunidades de los cinco municipios.
Así mismo, pidió al Ministerio de Defensa y a la fuerza pública adelantar acciones de disuasión contra este grupo armado ilegal con el propósito de salvaguardar la vida de los habitantes y prevenir hechos de violencia o vulneraciones de derechos.
“Con nuestros equipos en territorio, desde la Defensoría del Pueblo, seguiremos acompañando a las comunidades en la garantía de sus derechos”, puntualizó Camargo.