Una junta médica advirtió, hace algunas semanas, la precaria situación que padece el exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, recluido en la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, y que hace urgente su traslado a una clínica o su lugar de domicilio. Ahora es la Defensoría del Pueblo la que advierte que al exmandatario se le están violando los derechos fundamentales.
La Defensoría hizo una visita a la celda donde permanece el exalcalde y confirmó lo que su defensa desde hace varios días ha advertido a las autoridades judiciales y al mismo Inpec sobre el riesgo que existe para la salud de su cliente por las condiciones propias que padece y que fueron confirmadas por el instituto de Medicina Legal.
“En el momento de la visita, el señor Ramiro Suárez, se encontró acostado en la cama, consciente, orientado en tiempo, lugar y espacio, con pérdida de movimiento de los miembros inferiores secundario a miositis por cuerpo de inclusión (diagnosticado por el Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta) lo que no le permite desplazarse de manera autónoma”, dice el documento de la Defensoría.
Los funcionarios de la Defensoría que estuvieron en la cárcel La Picota advirtieron que, dicho por el mismo exalcalde, tiene que arrastrarse hasta el baño para hacer sus necesidades básicas o en algunas ocasiones pedirle ayuda a otros privados de la libertad para movilizarse en su propia celda, de lo contrario le es imposible.
“Refiere el PPL que para realizar sus necesidades fisiológicas y de cuidado personal debe botarse al piso y arrastrarse hasta el baño o a la ducha, por cuanto no cuenta con cuidador o personal de apoyo. Aunado a lo anterior, es de señalar que la persona más cercana a su celda está aproximadamente a 30 metros de distancia y a 70 metros del custodio en la portería externa”, advierte un informe que entregó la Defensoría a la defensa del exmandatario.
La comisión de la Defensoría estuvo también integrada por un médico y una bacterióloga, que lograron establecer de forma presencial las condiciones en las que se encuentra el condenado exalcalde y cómo resulta necesario, casi urgente, que el privado de la libertad sea trasladado a la detención domiciliaria o una clínica.
“Se trata de una persona adulta, mayor privada de la libertad, sin capacidad para el autocuidado y atención de sus necesidades fisiológicas, por padecer enfermedades metabólicas descompensadas, sin tratamientos que tienen en peligro la salud y la vida del señor Suárez, lo que mantiene la vulneración plena los derechos fundamentales a la vida, salud y dignidad humana”, advierte el documento.
Justamente la posibilidad de una clínica fue la que, con anterioridad, motivó una polémica respecto del uso que le estaba dando el exalcalde a ese beneficio que le entregó la justicia, de permanecer en un centro hospitalario pagando su condena, las denuncias señalaban que Ramiro Suárez Corzo utilizó la clínica como una sede política.
El asunto ahora es de derechos fundamentales y de lo que pueda ocurrir en relación con la salud del exalcalde, pues la Defensoría pudo advertir que su vida se encuentra en riesgo de no tener la atención médica necesaria para enfrentar las patologías que padece y que fueron corroboradas por la junta médica.
“En la historia clínica se refiere la necesidad de proporcionar medicamentos y terapias, para mantener las condiciones de salud y evitar su deterioro, lo cual no se viene proporcionando de manera regular, por lo que se recomienda, tanto a la autoridad penitenciaria, como a la EAPB, tomar las medidas para garantizar el derecho fundamental a la vida y a la salud del privado de la libertad”, cierra el informe.
La Defensoría incluso le pide a los jueces de conocimiento que tengan en cuenta la situación de salud del exalcalde para que adopten las medidas tendientes a garantizar la vida del privado de la libertad, los documentos y dictámenes advierten los problemas que padece.