En conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que se celebra este 17 de mayo, la Defensoría del Pueblo llevó a cabo una audiencia defensorial dirigida por primera vez a la población con Orientación Sexual e Identidad de Género Diversas (OSIGD) —incluye a los no binarios, queer y pansexuales—. OSIGD, en la práctica, es una visión más amplia del acrónimo LGBTI).
El objetivo de esta audiencia, realizada en Barranquilla, fue exponer las barreras que enfrenta la comunidad diversa para acceder a sus derechos y avanzar en su plena garantía.
Durante la audiencia, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, presentó el informe titulado ‘Una Radiografía del Prejuicio: Informe Anual 2022 de Derechos Humanos de personas OSIGD-LGBTI y Balance de la Política Pública Nacional 2019-2022 en Colombia’. Este documento destaca el panorama de violencia que enfrenta esta población en el país.
“Lamentablemente, encontramos actos de discriminación y violencia por prejuicio contra las personas OSIGD en familias, escuelas, comunidades, sociedad y el Estado. Estos actos se han acentuado con el tiempo, lo que ha limitado sus derechos”, señaló el defensor Camargo.
Entre enero y marzo de este año, la Defensoría del Pueblo acompañó 40 casos de violencia por prejuicio, que incluyeron a mujeres transgénero, hombres transgénero, hombres gay, mujeres lesbianas y personas intersexuales. En el informe anual del 2022, se registraron 394 casos de violencia por prejuicio, de los cuales 238 correspondieron a personas transgénero, 61 a mujeres lesbianas, 123 a hombres gais y 21 a personas bisexuales. Las principales formas de violencia fueron psicológica, física, violencia intrafamiliar y violencia sexual.
La Defensoría del Pueblo también resaltó la escasa respuesta institucional frente a estos actos de violencia y la falta de contratación de equipos especializados para atender los derechos de esta población. Además, identificó la falta de sistemas de información sensibles al género y la poca implementación de políticas públicas por parte de las entidades nacionales y territoriales, lo que ha generado mayor vulnerabilidad para las personas OSIGD y LGBTI.
El informe presentó varias recomendaciones a diversas entidades para implementar enfoques y criterios diferenciales en los registros de información estatal, fortalecer la interlocución con la población OSIGD y LGBTI, e impulsar políticas públicas en su favor.
La Defensoría del Pueblo se comprometió a seguir brindando acompañamiento e incidencia para fortalecer la participación de esta población en las entidades nacionales y territoriales. Además, instó al Gobierno nacional a tomar medidas concretas para implementar políticas públicas participativas, prevenir la violencia por prejuicio, brindar atención a las víctimas, investigar los casos y garantizar la justicia.
“El reconocimiento y la protección de las diversidades son fundamentales para construir una sociedad más justa y en paz”, concluyó Camargo Assis.
Precisamente, la violencia contra la comunidad LGTBI se ha exacerbado. El asesinato de la lideresa Dania Sharith Polo Solórzano, integrante de la comunidad y quien según las oportunidades aportó su testimonio ante la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz, con el fin de impulsar procesos de justicia y reparación en el municipio del Carmen de Bolívar, murió tras un atentado perpetrado el pasado 30 de abril a las 7:00 p. m. en ese municipio.
La muerte de la lideresa ha causado gran rechazó a nivel local, departamental y con escala a nivel nacional, por lo que el mismo defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, rechazó el hecho y con más fervor porque se trataba de una mujer de la comunidad LGTBI por la difícil situación en materia de derechos humanos que atraviesa esa población en el país.
“Condenamos este vil asesinato de la lideresa Dania Polo y nos solidarizamos con su familia. No puede ser que las personas que forman parte de esta población tengan que seguir siendo objeto de intimidaciones, estigmatización, desplazamientos y homicidios. La jurisprudencia nacional cobija a las personas LGTBI como seres sociales, tienen los mismos derechos que las personas heterosexuales, por ende, deben ser respetadas y protegidas”, expresó el defensor del Pueblo.